El 4° Juzgado de Garantía de Santiago decretó prisión preventiva para el exfiscal regional Manuel Guerra, imputado por cohecho, prevaricación administrativa y violación de secreto en el denominado caso Audios. La decisión se sustentó, entre otros antecedentes, en una serie de mensajes con el abogado Luis Hermosilla.

Tras la audiencia, el abogado defensor Carlos Mora cuestionó duramente la medida cautelar y adelantó acciones judiciales. “Fue una resolución bastante larga (…) que evidentemente nosotros no compartimos”, afirmó.

Agregó que “tenemos plazo de cinco días para ver qué acción vamos a oponer”. Asimismo, insistió en la colaboración de su representado: “Nuestro representado llegó caminando a la audiencia (…) colaboró durante toda la investigación”.

Abogado del exfiscal Guerra, Carlos Mora. Foto: Mediabanco.

Mora también puso en duda la validez de una de las pruebas clave del caso, los chats entre Guerra y Hermosilla, señalando que “hay distintas oportunidades en el proceso para discutir” su legalidad, lo que podría ser parte de una eventual estrategia de apelación.

En tanto, el fiscal regional de Arica y Parinacota, Mario Carrera, valoró la resolución y subrayó el respaldo del tribunal a la investigación. “El juez manifestó en varios pasajes la gravedad de los hechos y lo potente de los fundamentos de la investigación”, declaró.

En esa línea, enfatizó que “es la primera vez que un fiscal regional está efectivamente en prisión preventiva”, calificando el caso como un hecho inédito para el Ministerio Público.

Fiscal regional de Arica y Parinacota, Mario Carrera. Foto: Jonnathan Oyarzun/Aton Chile.

Respecto del fondo de la resolución, Carrera destacó que el tribunal acogió la tesis de la Fiscalía, señalando que “el señor Guerra había subordinado los intereses del Ministerio Público a un grupo político determinado”, lo que calificó como “grave y fuerte”. Además, advirtió que la causa continuará avanzando: “Esto no se acaba el día de hoy (…) seguiremos en cada una de las etapas y defenderemos los argumentos”.

Desde la parte querellante, el abogado Mauricio Daza calificó la jornada como un hito “para el Estado de Derecho y para la lucha contra la corrupción en Chile”. En términos más duros, sostuvo que Guerra “era básicamente un mocito de los intereses de Luis Hermosilla”, acusando la existencia de “una red de corrupción” que habría operado durante años al interior de instituciones clave.

En esa línea, Daza afirmó que el exfiscal “pretendía poner a disposición su función pública (…) con la expectativa concreta de obtener beneficios”, apuntando a ventajas laborales y personales.

Fiscalía regional de Arica y Parinacota en la audiencia de formalización del exfiscal Manuel Guerra. Foto: Fiscalía.

Desde el Gobierno, el ministro de Justicia, Fernando Rabat, subrayó que esta determinación demuestra «que nuestras instituciones funcionan, tribunales de justicia y la Fiscalía funcionan». “Los delitos son per se graves (…) son muy graves”, comentó.

La causa, que por ahora mantiene a Guerra como el único formalizado, continuará su desarrollo en las próximas semanas. El tribunal fijó un plazo de 45 días de investigación y se determinó que la cautelar se cumpla en el anexo penitenciario Capitán Yáber.

¿Qué dicen los chats entre Guerra y Hermosilla?

Entre los elementos centrales de la audiencia fueron los mensajes entre Manuel Guerra y Luis Hermosilla, obtenidos desde el teléfono incautado a este último y presentados por el fiscal Carrera. Según la Fiscalía, estas conversaciones evidencian ofrecimientos de colaboración y gestiones para obtener trabajo que contradicen la defensa del exfiscal.

En uno de los intercambios Guerra escribió: «Uno tiene ciclos en la vida y este creo que es oportuno cerrarlo pronto (…) Así que si me voy me puedes tener de medio pollo«. A lo que Hermosilla respondió: «¡Tienes oficina conmigo de inmediato!».

«Gracias. Me interesa la idea. A ver si a tu retorno lo hablamos con ACH (Andrés Chadwick)», concluyó en esa oportunidad el exfiscal. Para el Ministerio Público, esto es un símbolo de la relación impropia entre ambos y refleja un vínculo que excedía los márgenes institucionales.

Abogado Luis Hermosilla, imputado en el caso Audios. Foto: Aton.

A ello se suma otro chat: “¿Existe la posibilidad cierta de conseguir la oportunidad de reunirme con el Presidente de la República? Me interesa hablar con él, servirle de ayuda en algo para que no haga tonteras y tenga algunos datos duros”, dijo Guerra a Hermosilla el 7 de enero de 2020.

El Ministerio Público sostuvo que este mensaje refuerza la tesis de que Guerra buscaba integrarse a la red de influencia del abogado, lo que —a su juicio— constituye un indicio de cohecho y prevaricación, al contradecir su versión de que no intentó obtener beneficios personales ni profesionales.

En otras conversaciones, se abordan diligencias relacionadas con el exministro Andrés Chadwick en el contexto del estallido social. “Felipe Sepúlveda la trabajará con OS7”, escribió Guerra, a lo que Hermosilla respondió que era necesario “facultar a la PDI para investigar”, agregando que “Héctor está disponible absolutamente para ayudar”, en alusión al entonces director de la institución, Héctor Espinosa.

Asimismo, el propio Guerra expresó reparos sobre el rol de la policía civil en esas indagatorias: “Los amigos PDI son buenos. Pero la parafernalia a veces lo sobrepasa (…) el último tiempo anda anunciando resultados que nunca llegan”, señaló en uno de los intercambios, donde incluso hacía referencia a la percepción del entonces Mandatario.

Exfiscal Manuel Guerra. Foto: Aton.

Otro de los pasajes considerados relevantes por el tribunal corresponde a una conversación del 28 de junio de 2020 en donde el exfiscal escribió: «Para tu conocimiento e información de tus amigos del gobierno. Pronto formalizaremos a Ossandón (senador) por tráfico de influencias».

Posteriormente el 11 de agosto de ese año, Guerra preguntó “¿Qué quiere el gobierno respecto de Ossandón?”. Para el juzgado, este mensaje sintetiza una eventual subordinación de decisiones del Ministerio Público a intereses políticos, lo que fue clave para dimensionar la gravedad de los hechos.

En su conjunto, estos antecedentes permitieron al tribunal configurar un cuadro de delitos graves —cohecho agravado, prevaricación administrativa y violación de secreto— y sostener que no se trata de hechos aislados, sino de un patrón sostenido de favores.