La solicitud de renuncia al superintendente de Educación Superior, José Miguel Salazar, por parte del gobierno del Presidente José Antonio Kast, generó una ola de cuestionamientos desde la oposición, en medio de una investigación que involucra a la Universidad San Sebastián por eventuales irregularidades en sueldos y contrataciones.

Este jueves se confirmó que el Ejecutivo solicitó la salida de Salazar, una decisión que, según indicaron desde el Ministerio de Educación encabezado por la ministra María Paz Arzola, responde a una evaluación de jefaturas en medio de la instalación de nuevas autoridades.

“En el marco de instalación de las nuevas autoridades en el ministerio, y luego de evaluar algunas jefaturas, entre ellas el superintendente de Educación Superior, se llegó a la conclusión de que se le iba a pedir la renuncia para disponer de su cargo, y elegir a una nueva autoridad con el mecanismo que corresponde”, señalaron desde la cartera.

La salida se suma a otras desvinculaciones en el ámbito educacional, en lo que el Gobierno ha defendido como parte de un proceso administrativo habitual. Sin embargo, el momento en que se concreta ha generado suspicacias, dado que ocurre en paralelo a una investigación que lleva adelante la Superintendencia a la Universidad San Sebastián.

Frontis de la Universidad San Sebastián. Foto: Aton.

En ese contexto, la senadora y presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, sostuvo que se trata de una “decisión política” y emplazó al Ejecutivo a transparentar sus fundamentos.

Las críticas se intensificaron desde la Cámara de Diputadas y Diputados. La diputada del Partido Comunista, Daniela Serrano, cuestionó el momento de la remoción: “El gobierno debe explicar la remoción de la cual nos enteramos hace algunas horas del superintendente de Educación Superior, justo en medio de una investigación que involucra a sus colaboradores. Creemos que es importante, sobre todo por el respeto a la institucionalidad, que se puedan esclarecer cuáles fueron los motivos para aquella remoción”.

Por su parte, la diputada Emilia Schneider (FA) puso el foco en la coincidencia temporal entre la salida de la autoridad y los avances del caso.

“Esto merece una explicación. Chile tiene que entender los argumentos de por qué se toma esta decisión, porque de lo contrario, da para pensar que es para echar tierra sobre una investigación que afecta a su sector, la derecha”, señaló.

Punto de prensa de la diputada Emilia Schneider (FA). Foto: Aton.

La parlamentaria además confirmó el envío de un oficio a la Superintendencia de Educación Superior para recabar antecedentes detallados sobre el estado de la investigación, incluyendo las diligencias en curso y los pasos que restan en el proceso.

El caso se relaciona con la objeción de sueldos y contrataciones de al menos 15 personas en la casa de estudios, entre ellas la exministra Marcela Cubillos y el exfiscal Manuel Guerra, además del senador y presidente del Partido Republicano, Arturo Squella.

En esa línea, el diputado del Partido Socialista, Daniel Manouchehri recordó que previamente se había solicitado investigar a la universidad por el uso de recursos destinados a la educación superior: “Operaban como caja pagadora de la política y justo cuando esto se destapa, a puertas de sanciones, el Presidente saca al fiscalizador porque apuntaba a los suyos”.

Hasta ahora, el Gobierno no ha respondido directamente a las críticas ni ha entregado mayores detalles sobre las razones específicas de la salida de Salazar, lo que ha aumentado la presión política para que el Ministerio de Educación aclare los fundamentos de la decisión.