El Ministerio del Trabajo ha puesto en marcha una revisión estratégica de los dictámenes que rigen la implementación de la Ley de 40 horas. El subsecretario de la cartera, Gustavo Rosende, aseguró en entrevista con Pulso que el objetivo no es alterar el espíritu de la ley ni su calendario de aplicación, sino corregir interpretaciones de la Dirección del Trabajo (DT) que, a juicio del actual Gobierno, han actuado como una “piedra de tope” para la flexibilidad.

Rosende fue enfático en que el cronograma de reducción gradual no sufrirá modificaciones: en abril de este año la jornada bajará a 42 horas semanales, camino a la meta definitiva de 40 horas en 2028. “La reducción de una hora diaria va a seguir siendo así en jornada de cinco días”, precisó la autoridad, descartando retrocesos en los derechos ya adquiridos.

Los tres ejes de la flexibilización

La reforma impulsada por el Ejecutivo se concentra en tres aspectos técnicos donde se busca mayor libertad de acuerdo entre empleadores y trabajadores, evitando rigideces administrativas.

Respecto a la banda horaria, el subsecretario señaló que actualmente existen acuerdos internos que no pueden ejecutarse debido a interpretaciones restrictivas de la DT. El Gobierno busca que estas medidas de conciliación entre vida familiar y laboral sean más sencillas de implementar.

En cuanto al Artículo 22 inciso 2, que regula a quienes están excluidos de la jornada horaria (como cargos de confianza o trabajadores sin fiscalización superior), Rosende criticó que la visión actual es “incluso más allá del espíritu de la ley”, limitando excesivamente esta modalidad. Finalmente, se revisará el criterio sobre la hora de colación, buscando que su contabilización no derive en una reducción horaria mayor a la proyectada originalmente por el legislador.

Flexibilidad sin pérdida de derechos

El subsecretario defendió la incorporación de mayores herramientas de adaptabilidad, como los ciclos de trabajo y los descansos compensatorios. Según la autoridad, el foco está en mejorar la utilización de medidas que hoy están subutilizadas.

“Cuando hablamos de flexibilidad hablamos de cómo se distribuyen las horas de trabajo y no de reducir derechos laborales. Con esta revisión de dictámenes no se pretende hacer elegir entre derechos y empleo, sino lograr ambos objetivos mediante ajustes responsables y diálogo”, indicó Rosende.

Con este movimiento, el Gobierno de José Antonio Kast busca dar una señal de apoyo al sector productivo, argumentando que una implementación más flexible de la ley permitirá proteger el empleo sin sacrificar la calidad de vida de los trabajadores en este desafiante escenario económico de 2026.