El Gobierno decidió no aplicar el recorte presupuestario del 3% al Ministerio de Seguridad, tras una serie de reuniones y cuestionamientos políticos que surgieron desde el anuncio inicial de la medida. La decisión puso fin a semanas de debate en torno al impacto del ajuste en Carabineros y la Policía de Investigaciones, aunque abrió un nuevo flanco de críticas sobre la gestión y coordinación del Ejecutivo, sumado a la controversia que involucra a la ministra Trinidad Steinert y su relación con la PDI.

El debate se originó el pasado lunes 23 de marzo, cuando el subsecretario de Seguridad, Andrés Jouannet, junto a la titular de la cartera, Trinidad Steinert, anunciaron en la Cámara de Diputados una rebaja superior a los $72 mil millones en el presupuesto del Ministerio de Seguridad, en el marco de un ajuste general del 3% instruido a todas las carteras.

La propuesta fue duramente cuestionada por distintos sectores, que advirtieron un debilitamiento de las capacidades operativas de las policías en un contexto de crisis de seguridad. Parlamentarios de oposición y oficialismo expresaron preocupación por la falta de coordinación en la toma de decisiones y por el impacto que la medida podría tener en áreas sensibles como el combate al crimen organizado, la adquisición de equipamiento y el funcionamiento institucional de las policías. 

Así, tras una reunión sostenida durante esta jornada con la Dirección de Presupuestos, la ministra Steinert confirmó que no se concretará el recorte en el Ministerio de Seguridad: “Sí, tenemos una buena noticia, no hay rebaja en lo que es seguridad (…) La seguridad no se va a rebajar”, afirmó la autoridad, subrayando que la decisión responde a una definición política del Ejecutivo.

La ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steinert, da cuenta de un operativo de Brigada de Investigación Criminal Limache.

Steinert agregó que, por el contrario, se evaluará avanzar en un aumento de recursos orientada a fortalecer las capacidades de las policías. “El Presidente ha decidido no reducir el presupuesto y además avanzar incluso en la inyección de recursos frescos que permitan responder a las necesidades urgentes de nuestras policías”, señaló y enfatizó la necesidad de garantizar su funcionamiento y mejorar su capacidad operativa.

En ese contexto, la ministra detalló que los esfuerzos se centrarán en prioridades levantadas por las propias instituciones policiales, como el fortalecimiento de herramientas de protección y la incorporación de tecnología. 

La ministra también abordó las críticas surgidas en torno a la gestión del anuncio y posterior retroceso de la medida, asegurando que se trató de un proceso de evaluación técnica. “Esto siempre fue una propuesta, se le pidió a todos los ministerios hacer un esfuerzo. Nosotros nos sentamos, lo vimos, lo analizamos, lo estudiamos y finalmente se llegó a la convicción que en seguridad, dada la importancia que tiene la crisis que estamos viviendo, no se va a hacer esta rebaja en este ministerio”, explicó.

El senador Iván Flores (DC) criticó duramente el manejo del proceso presupuestario por parte del Ejecutivo e indicó que hay una “descoordinación total” entre los ministerios. 

Senador Iván Flores (DC). Sebastián Cisternas/Aton Chile.

Flores agregó que esta situación refleja un problema más profundo en la conducción del Gobierno: “Este vaivén, este sube y baja de decisiones, la verdad es que nos tiene preocupados”, indicó. Además, advirtió que este tipo de cambios genera incertidumbre tanto en las instituciones como en la ciudadanía. A su juicio, la falta de una línea clara en materia de seguridad debilita la gestión pública.

“Era lo obvio y necesario (no realizar un recorte en Seguridad), pero no me voy a alegrar hasta que el Gobierno se coordine de verdad, así, a empujones, para delante y atrás, la verdad es que este es un tanguito feo”, concluyó el senador de la Democracia Cristiana.

En tanto, el jefe de bancada del PPD e Independientes, Raúl Soto, valoró la decisión de mantener el presupuesto del Ministerio de Seguridad, aunque también expresó reparos respecto a otros ajustes fiscales: “Nos sigue preocupando la rebaja en el presupuesto de educación, de salud y de vivienda”, declaró, junto con apuntar a posibles efectos en la protección social y el acceso a servicios básicos.

Polémica con la PDI

En paralelo al debate presupuestario, la ministra Steinert enfrenta cuestionamientos por la salida de la prefecta general (r) Consuelo Peña, situación que generó un flanco político y solicitudes de aclaración en el Congreso.

Desde el Gobierno, la propia ministra ha buscado bajar la tensión asegurando que la relación con la PDI se mantiene sin conflictos. “La relación con Policía de Investigaciones está perfecta, seguimos trabajando juntos”, afirmó, además de recalcar que el trabajo conjunto con la institución “no para” y destacar las coordinaciones en materia de seguridad. 

Exsubdirectora de Inteligencia de la PDI, Consuelo Peña. Foto: Aton.

En la misma línea, el subdirector de Investigación Policial y Criminalística, prefecto general Hugo Haeger, se refirió a la salida de Peña e indicó que será la dirección de la institución, encabezada por Eduardo Cerna Lozano, la encargada de entregar los detalles del proceso. Según adelantó, el director de la PDI asistirá al Congreso el próximo 6 de abril para explicar los motivos de la decisión.

Sin embargo, en el ámbito político las dudas persisten. El senador Andrés Longton advirtió que el caso podría escalar dependiendo de los antecedentes que se expongan en el Congreso. “Si el director de la PDI dice que hubo una instrucción por parte de la ministra (…) claramente se genera una dificultad”, señaló en conversación con Radio Pauta.

El parlamentario agregó que, de confirmarse una intervención fuera de las atribuciones de la ministra, se abriría un escenario complejo para el Ejecutivo, incluso con eventuales consecuencias institucionales.

A este escenario se suma la revisión iniciada por la Contraloría General de la República respecto al oficio enviado por la ministra a la PDI en el marco de una investigación en curso, lo que agrega un nuevo elemento a la controversia.