En una resolución que profundiza la crisis de la Fundación Prodemu, la Contraloría General de la República emitió el dictamen N° D169/2026, estableciendo que los beneficios laborales adicionales a los legales no pueden ser financiados con recursos públicos provenientes del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género. La decisión, firmada por la contralora Dorothy Pérez, obliga a la institución a costear bonos, asignaciones y aguinaldos de sus contratos colectivos exclusivamente con recursos propios.

Este pronunciamiento jurídico surge tras una reunión de emergencia entre la ministra de la Mujer, Judith Marín, la subsecretaria Daniela Castro y la autoridad fiscalizadora. El objetivo de la cita fue buscar lineamientos para enfrentar el complejo escenario financiero de la fundación, cuyo déficit supera los $1.500 millones, situación que las actuales autoridades califican como una herencia de la administración anterior.

La ministra Marín fue enfática al señalar que el deterioro financiero de Prodemu ha sido progresivo desde 2023. Según la secretaria de Estado, las decisiones adoptadas por la gestión pasada impactaron directamente en la estabilidad de la fundación, afectando hoy a más de 400 funcionarios y a miles de mujeres que participan en sus programas de capacitación y empoderamiento.

“Es urgente que podamos tener lineamientos conjuntos para abordar una materia tan compleja que conocimos en el traspaso de mando”, afirmó Marín. La ministra aseguró que, además de buscar soluciones financieras, se iniciarán investigaciones para determinar las responsabilidades administrativas detrás de este forado económico.

El impacto del dictamen N° D169/2026

El criterio de la Contraloría marca un precedente estricto sobre el uso de fondos fiscales en fundaciones ligadas al Estado:

• Límite de recursos: Los fondos destinados a personal deben restringirse estrictamente a las obligaciones legales (sueldos básicos y leyes sociales).

• Exclusión de bonos: Cualquier beneficio acordado en negociaciones colectivas que exceda el marco legal queda fuera del financiamiento estatal.

• Autogestión: Prodemu deberá generar ingresos propios o reasignar activos internos para cumplir con sus compromisos laborales adicionales.

Protección a las trabajadoras y usuarias

Pese al duro revés administrativo, el Gobierno de Kast manifestó su intención de asegurar la continuidad de los programas sociales. Marín subrayó la necesidad de actuar con responsabilidad institucional para proteger a las beneficiarias, mientras se coordina con el directorio de la fundación y las representantes de las trabajadoras para mitigar el impacto de este recorte en los salarios líquidos que incluyen dichos bonos.

“Aquí se deben investigar las responsabilidades, pero también dar respuestas a los funcionarios afectados y a las mujeres que acceden a Prodemu”, finalizó la ministra Marín tras la cita en el organismo contralor.

La resolución de la Contraloría pone presión extra sobre la caja fiscal del ministerio en un año marcado por el ajuste del 3% en todas las carteras, limitando el margen de maniobra para rescatar financieramente a instituciones colaboradoras en este 2026.