La desvinculación de funcionarias del Plan Nacional de Búsqueda, retroceder en el proceso de expropiación de Colonia Dignidad y el estudio de indultos para uniformados condenados por hechos del estallido social. Esas son las decisiones del Gobierno que preocupan a agrupaciones, activistas y figuras destacadas del mundo de los derechos humanos y sobre las que también se pronunció la exsubsecretaria de Derechos Humanos durante la administración de Gabriel Boric, Daniela Quintanilla.

En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, la exautoridad compartió los cuestionamientos a estas señales y advirtió sobre una contradicción importante de parte del Ejecutivo. A su juicio, no hay un compromiso claro del gobierno de José Antonio Kast respecto a la continuidad a varias políticas de derechos humanos.

“Creo que tienen una narrativa en la que señalan un ánimo de continuidad con los distintos compromisos vinculados a las principales políticas públicas de derechos humanos, pero en los hechos están adoptando medidas que van en abierta contradicción con ese ánimo”, sostuvo.

Juan Luis Rivera Matus. Plan Nacional de Busqueda y Justicia. Foto: Aton Chile.

“Es decir, señalan que van a darle continuidad al Plan Nacional de Derechos Humanos, pero lo retiran de Contraloría; señalan que van a continuar con el Plan Nacional de Búsqueda y desmantelan los equipos que están a cargo de esa política pública. Creo que esas señales son complejas, contradictorias y debilitan la confianza de las personas en las instituciones, sobre todo de las víctimas y familiares que llevan 50 años esperando, en el caso del Plan Nacional de Búsqueda. Ese ánimo de continuar no se está verificando en los hechos”, insistió.

Requerida sobre la desvinculación de tres jefaturas clave del Programa de Derechos Humanos —el organismo ejecutor del Plan Nacional de Búsqueda— la exsubsecretaria contradijo la versión del Gobierno, que  apunta a que se trataba de cargos de confianza, que debían ser renovados por la nueva administración.

“Se está faltando a la verdad, indicando que las personas que fueron desvinculadas son cargos políticos, de confianza. Eso no es así. La jefatura del Programa de Derechos Humanos, la ejercía, hasta ayer, Paulina Zamorano, que es una funcionaria de carrera que lleva 14 años en el programa, o sea, su antigüedad como funcionaria es incluso superior a la existencia misma de la Subsecretaría de Derechos Humanos. Entonces, acusar que eso es un cargo político, la verdad es que es deshonesto”, indicó.

Del mismo modo, remarcó que con la salida de Zamorano, además de la jefa del área de trayectoria y búsqueda, Magdalena Garcés y la jefa de archivo, Tamara Lagos, “se van a interrumpir líneas de investigación que están en curso y sin duda los trabajos de elaboración de las trayectorias”.

Plan Nacional de Búsqueda y Justicia. Foto: Aton Chile.

“En el caso de Magdalena, estaba a cargo de la mesa operativa interinstitucional. Es decir, ella era la encargada del vínculo con el Poder Judicial, Carabineros, PDI y con el Ministerio de Obras Públicas para el despliegue de diligencias en terreno donde, al mismo tiempo, se acusa una supuesta falta de gestión”, observó.

“Sin embargo, en los hechos, antes de que existiera el Plan Nacional de Búsqueda, el Estado de Chile realizaba en promedio seis, ocho diligencias en terreno al año y ahora, con el Plan Nacional, se realizaron más de 150 a lo largo de todo el país en el último año”, destacó.

Colonia Dignidad: ¿falta de voluntad?

Daniela Quintanilla tampoco dio crédito a los argumentos entregados por el ministro de Vivienda, Iván Poduje, en cuanto a dar marcha atrás a la expropiación de Colonia Dignidad. La abogada recalcó que dicha cartera puede involucrarse, ya que su ley orgánica “le faculta a expropiar con distintos fines y uno de esos fines es el equipamiento comunitario”.

“Otra cosa es la voluntad de realmente querer hacerlo o no y para eso, se había programado una expropiación en etapas”, comentó.

La exsubsecretaria recordó que en los últimos días del gobierno de Boric estaba desarrollándose un proceso de tasación. “No sé bien de dónde él (Poduje) saca esa cifra de $47 mil millones, pero no se ajusta al valor de mercado de la hectárea en el sector. Si hay un problema con la tasación, se puede volver a revisar o pueden efectivamente encontrarse algunas fórmulas por etapas, que es lo que nosotros estábamos proponiendo”, insistió.

Quintanilla además apuntó a que los temas se están tratando de manera “muy errática”. “Por una parte se dice se va a reversar la expropiación, luego se dice que se va a revisar la competencia, luego se alegan supuestas faltas de recursos. Uno puede entender que las autoridades siempre tienen que administrar un presupuesto fiscal que nunca va a estar a la altura de todas las necesidades que tiene el país, pero cosa distinta es decir que se va a reversar por completo un proceso que ha sido abierto y participativo y en el que el Estado alemán incluso ha expresado su voluntad de avanzar”, agregó.

Fotografía de la Colonia Dignidad.

Indultos: “Vulnera gravemente las obligaciones del Estado”

En entrevista con Tele 13 Radio, el ministro de Justicia, Fernando Rabat, abordó los diversos cuestionamientos en materia de derechos humanos y remarcó que el Plan Nacional de Búsqueda tendrá continuidad y que existe un compromiso del Ejecutivo con la instalación de sitios de memoria.

Por otra parte, respecto a los indultos a condenados por hechos del estallido social, el secretario de Estado reveló que actualmente hay 20 solicitudes y que el Gobierno se encuentra estudiando dos en particular, que cuentan con “expedientes bastante voluminosos”.

Sobre el mismo tema, la exsubsecretaria Quintanilla expresó que es complejo indultar a exuniformados, porque se trata de vulneraciones graves y se podrían pasar a llevar las obligaciones internacionales del Estado chileno.

Asimismo, denunció que los equipos del Ministerio de Justicia encargados de tender puentes con las víctimas del estallido social, también fueron desvinculados y no hay indicios de que ese trabajo vaya a tener una continuidad.

“Esto vulnera gravemente las obligaciones del Estado porque no se puede indultar a quienes han sido responsables de graves vulneraciones a los derechos humanos». Por otro lado, la exautoridad añadió que «también hay una discontinuidad de esa línea de trabajo que afecta gravemente las garantías de no repetición y el fortalecimiento de las instituciones para que estas cosas no vuelvan a pasar en nuestro país”.