El ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Louis de Grange, confirmó una serie de ajustes al reglamento de la Ley de Empresas de Aplicaciones de Transporte, más conocida como Ley Uber. A juicio de la autoridad, la versión original de la norma generaba consecuencias adversas tanto para el sector como para los pasajeros.

En declaraciones a La Tercera, el secretario de Estado detalló que el reglamento ya validado por la Contraloría establecía exigencias que podrían dejar fuera cerca del 85% de los conductores y automóviles. Ello, según explicó, se traduciría en una menor cobertura, tiempos de espera más largos y un incremento significativo de los precios.

“El gran impacto que tenía el reglamento era sobre el empleo (…) otra falencia era que para hacer aplicable el reglamento tenías que contar con una plataforma tecnológica que aún no está construida y que tiene para varios meses más. O sea, el diseño tanto del reglamento como el avance en las plataformas estaba mal logrado. Si alguien quería ingresar con la versión del reglamento, tenía que tener un auto prácticamente nuevo. Entonces te das cuenta que al final el reglamento como estaba destruía la industria de las aplicaciones“, expresó el jefe de la cartera al medio citado.

El Ejecutivo impulsa entre las principales modificaciones una mayor flexibilidad en requisitos como la cilindrada y la antigüedad de los vehículos, condiciones que el ministro consideró desmedidas frente al desarrollo tecnológico actual. También se busca eliminar restricciones territoriales que impedían a los conductores prestar servicios entre comunas vecinas, una limitación que, según advirtieron, habría reducido de forma importante la disponibilidad del servicio.

Desde el Gobierno señalaron además que la aplicación original del reglamento podría afectar el empleo e incluso elevar las cifras de desocupación. Los cambios, en ese sentido, buscan garantizar la continuidad del servicio, sobre todo en zonas de menor conectividad donde estas plataformas cumplen un rol fundamental.

De acuerdo con lo informado, la nueva versión del reglamento se encuentra en etapa final de revisión. El Gobierno trabaja coordinadamente con la Segpres y la Contraloría para acelerar su publicación. La estrategia considera divulgar la versión vigente y sustituirla rápidamente por la modificada.