Tras el fatal ataque en Calama que terminó con la vida de una inspectora, la comunidad académica de la Universidad de Chile analizó el deterioro de la convivencia escolar. Pese a la reciente promulgación de la Ley de Convivencia, que permite el uso de recursos tecnológicos como detectores de metales, expertos de la Casa de Bello advierten que estas respuestas podrían ser contraproducentes y estigmatizantes.
Alejandra Mohor, investigadora del CESC, señaló que la evidencia internacional no muestra una reducción de delitos con estos dispositivos. Por el contrario, suelen aumentar la percepción de inseguridad entre los propios alumnos. Para la especialista, el abordaje real pasa por mejorar las condiciones de convivencia y la gestión de conflictos internos mediante círculos de paz y resolución pacífica.
De la sanción a la reconstrucción del vínculo
Para el profesor Paulo Barraza (IE/CIAE), la violencia es el síntoma de un quiebre en el respeto mutuo. El académico enfatiza que expulsar o etiquetar a los estudiantes solo profundiza el problema, proponiendo un giro hacia la escucha genuina, donde el estudiante se sienta reconocido y legitimado.
En este sentido, la estrategia debe apuntar a una responsabilización sin humillación, brindando experiencias que permitan al alumno recuperar su legitimidad en la comunidad. La transformación real, según Barraza, ocurre mediante un cambio emocional, lo que implica entender la red de relaciones donde emerge la conducta violenta para intervenir y transformar la acción desde su raíz.
Protocolos ante la crisis: El duelo y la rutina
Ante hechos traumáticos de alta connotación, los especialistas entregan claves para la acción inmediata de los establecimientos. El psicólogo Pablo Valdivieso indica que es fundamental procesar el duelo, preparando las condiciones psicosociales para que la comunidad asimile la pérdida antes de retomar la exigencia académica.
Por su parte, Juan Pablo del Río (Facultad de Medicina) sugiere una contención diferenciada: realizar intervenciones estructuradas para el círculo directo afectado y reforzar la seguridad percibida para el resto del plantel. El objetivo final es el retorno a la estructura, retomando la rutina lo antes posible, pero siempre acompañados. Esto ayuda a devolver el sentido de normalidad y control a los estudiantes en este convulsionado 2026.
Finalmente, la directora del IE, Macarena Silva, recordó que aunque el derecho a la seguridad es intransable para profesores y alumnos, en casos de extrema gravedad se debe resguardar a la comunidad escolar herida. En escenarios de trauma mayor, el derecho a la educación del agresor debe garantizarse en recintos distintos para permitir el proceso reparatorio de los afectados. «El rol de la escuela es generar una formación integral que enseñe a convivir pacíficamente», concluyó Valdivieso.
