El reciente despido de las jefaturas técnicas del Plan Nacional de Búsqueda (PNB), iniciativa dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, encendió las alarmas en el mundo académico y de los derechos humanos. A través de una declaración pública, el Núcleo de Memorias de la Facultad de Comunicación e Imagen (FCEI) de la Universidad de Chile advirtió que la salida de estos profesionales compromete la continuidad de una política que maneja archivos de alta complejidad y expectativas históricas de verdad y justicia.

Para profundizar en el impacto de estas desvinculaciones, la académica y coordinadora de esa instancia, María Eugenia Domínguez abordó la gravedad de la medida adoptada por el Gobierno, relevó los nombres de las profesionales apartadas de sus cargos y cuestionó la voluntad política de La Moneda para continuar con esta labor.

Plan Nacional de Búsqueda y Justicia. Foto: Aton Chile.

Pérdida de especialización y riesgo de datos sensibles

Domínguez fue enfática al detallar el nivel de especialización que el Estado acaba de perder con estos despidos. «Quiero nombrar a tres de las profesionales que fueron desvinculadas y que tenían roles claves en el Plan Nacional de Búsqueda: Paulina Zamorano, Tamara Lagos —especialista en todo lo que tiene que ver con archivo y documentación— y la abogada Magdalena Garcés, quién ha sido clave en múltiples juicios por violaciones de DD.HH.«, precisó la académica.

La salida de estos perfiles técnicos, que en el caso particular de Paulina Zamorano, ingresó por Alta Dirección Pública, mientras que Magadlena Garces y Támara Lagos por concurso público, plantea una interrogante crítica sobre la seguridad de la información recopilada. «¿Cómo confiar en que datos y archivos que son tan sensibles para establecer la verdad y algún día la justicia plena sean finalmente asegurados? Ahí hay un gran tema», advirtió Domínguez.

A juicio de la académica, este giro en el Ministerio de Justicia evidencia un cambio de postura institucional. «Da cuenta de la voluntad del actual gobierno de no proseguir de manera sistemática, profesional y documentada en esto. (…) Es una decisión de enfriar la búsqueda de detenidos y detenidas desaparecidas», sentenció.

Juan Luis Rivera Matus. Plan Nacional de Busqueda y Justicia. Foto: Aton Chile.

«Una bofetada a las esperanzas» de los familiares

El comunicado de la FCEI recuerda que el PNB responde a compromisos internacionales y a la legítima expectativa de reparación de los familiares de víctimas de desaparición forzada. En esta línea, Domínguez subrayó el devastador efecto emocional que esta decisión tiene sobre las agrupaciones de familiares, quienes «no estuvieron a la espera, sino que son una parte activa y fundamental de la búsqueda».

«La desaparición forzada es lo peor en términos emocionales, es una cuestión que se transmite de generación en generación respecto de la frustración y el dolor. Las profesionales que estaban ahí tenían un vínculo muy cercano y comprometido. Entonces, no es solamente desarmar un equipo técnico, es una tremenda bofetada respecto de las esperanzas de tener algo de verdad«, fustigó.

Frente a esta vulnerabilidad ante los cambios de administración, la académica planteó la urgencia de blindar la iniciativa: «Una institución autónoma debería ser una ley, primero que todo, no solamente un programa. Puede ser que una institución autónoma de verdad, con recursos suficientes, sea lo necesario».

Mauricio Jorquera. Plan Nacional de Busqueda y Justicia. Foto: Aton Chile.

El compromiso intacto de la Universidad de Chile

Pese al incierto panorama estatal, la Universidad de Chile reafirmó su rol activo en la materia. Actualmente, estudiantes de periodismo, cine y televisión de la FCEI trabajan directamente en el PNB, pero con un enfoque distinto: reconstruir la biografía de las víctimas.

«Lo que nosotros hemos hecho ha sido indagar en las vidas, ya no solo en el destino final. Este cambio del Ministerio de Justicia no va a transformar el compromiso que tenemos con establecer lo que fueron estos, en su mayoría, jóvenes, muchachos y muchachas, y las razones que motivaron su desaparición por parte del Estado chileno», explicó Domínguez.

En tanto, la académica reafirmó que el rol de las universidades públicas es fundamental y trasciende a la administración de turno: «El esfuerzo que se hace desde todas las disciplinas, de manera autónoma e independiente, para establecer la verdad histórica —qué sucedió antes del golpe, qué sucedió después y por qué hubo una política de aniquilación— es una tarea que siempre va a ser una necesidad ética para todos nosotros«.