La Justicia de Australia rechazó el último recurso presentado por Adriana Rivas para evitar su extradición a Chile, donde es requerida por su presunta participación en secuestros, torturas y desapariciones durante la dictadura de Augusto Pinochet.

El fallo fue emitido por el Tribunal Federal de Australia, que desestimó la impugnación presentada por la defensa contra la decisión del Gobierno australiano que ya había autorizado su entrega.

Los abogados de Adriana Rivas sostenían que los delitos debían ser considerados como crímenes de lesa humanidad y no como secuestros agravados, lo que —a su juicio— impediría la extradición al no estar tipificados de igual forma en ambos países al momento de los hechos.

Sin embargo, el tribunal concluyó que los cargos están correctamente calificados como secuestro agravado, y que las referencias a crímenes de lesa humanidad solo aportan contexto sobre la gravedad de los hechos, sin alterar su naturaleza jurídica.

Tras conocerse la resolución, la abogada de las familias, Adriana Navarro, valoró la decisión y la calificó como “histórica”.

Según explicó, el tribunal reconoció la existencia de “pruebas creíbles” sobre la presunta participación de Rivas en el secuestro de siete personas durante la dictadura, lo que acerca el proceso a su etapa final.

Las familias, añadió, manifestaron alivio tras un proceso judicial que se extendió por años, destacando que el fallo pone fin a una larga batalla por justicia.

Adriana Rivas, de 72 años, fue detenida en 2019 tras haber vivido más de 30 años en Sídney, específicamente en el sector de Bondi. Desde entonces, ha intentado evitar su extradición mediante diversos recursos judiciales.

Las autoridades chilenas la acusan de participar en secuestros, interrogatorios y desapariciones en el marco de la represión ejercida por la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), organismo que operó hasta 1978 bajo el mando de Manuel Contreras.

Entre los casos que se le imputan figura el secuestro del dirigente comunista Víctor Díaz, además de la desaparición de otras seis personas, incluida Reinalda Pereira, quien estaba embarazada al momento de su detención.

Con este fallo, el proceso de extradición entra en su fase decisiva, acercando a Rivas a un eventual juicio en Chile por crímenes cometidos durante la dictadura.