La senadora Fabiola Campillai, en representación de la Mesa de Derechos Humanos por una Vida Digna, junto a la vocera de la Coordinadora Nacional de Organizaciones de Derechos Humanos, Alicia Lira, entregaron una carta en el Palacio de La Moneda dirigida al Presidente José Antonio Kast.
En el documento, manifestaron su “profundo rechazo” a una serie de decisiones del Ejecutivo relacionadas con políticas de derechos humanos. Una de ellas corresponde al “descabezamiento” del Plan Nacional de Búsqueda, iniciativa impulsada para esclarecer el destino de víctimas de desaparición forzada durante la dictadura civil-militar.
De acuerdo con Campillai, la situación genera preocupación entre las organizaciones, las que se declararon en “estado de alerta”. La parlamentaria señaló que el despido de profesionales vinculados al plan no corresponde a una medida administrativa, sino que representa un “golpe directo” a las víctimas y sus familias.
La senadora Fabiola Campillai, representante de la Mesa de Derechos Humanos por una Vida Digna. Foto: Mediabanco.
En esa línea, en la misiva advirtieron que los cambios en su conducción generan incertidumbre sobre la continuidad del proyecto. En segundo lugar, cuestionaron el retiro del Tercer Plan Nacional de Derechos Humanos 2026-2029 desde la Contraloría, lo que, a juicio de las agrupaciones, retrasaría la implementación de medidas comprometidas por el Estado.
Por último, manifestaron su rechazo a eventuales indultos a personas condenadas por violaciones a los derechos humanos, tanto por crímenes cometidos durante la dictadura civil-militar como en el contexto del estallido social de 2019. A su juicio, estas medidas constituirían formas de impunidad y vulnerarían obligaciones internacionales del Estado.
Tras la entrega de la carta, la senadora Campillai señaló que la preocupación de las agrupaciones responde a la necesidad de resguardar avances alcanzados durante años en materia de memoria y derechos humanos.
Estudiantes se manifiestan frente a La Moneda por las decisiones adoptadas por el gobierno en materia de Derechos Humanos. Foto: Jorge Zapata.
«La justicia dictó, sentenció y las condenas están para cumplirse. (…) No hay ‘dignidad humana’ en la impunidad. Los beneficios carcelarios para criminales de lesa humanidad están prohibidos por el derecho internacional y por el Estatuto de Roma. Un Estado que indulta a criminales atroces es un Estado que abandona a sus víctimas y se hiere a si mismo«, criticó.
En esa línea, la parlamentaria hizo un llamado al Presidente Kast y al ministro de Justicia, Fernando Rabat, a abstenerse de utilizar la facultad de indulto en estos casos. «Las organizaciones y esta senadora nos vamos a mantener firmes”, agregó.
Consultada por la posibilidad de extender indultos a casos como el de Patricio Maturana, aseguró que continuarán impulsando acciones para impedir beneficios a «todos los violadores de derechos humanos». «No vamos a dejar de luchar hasta que podamos impedir esto», adelantó.
Respecto a que los indultos formen parte de un plan de reconciliación nacional, la senadora cuestionó ese argumento y sostuvo que no puede existir entendimiento cuando ya hubo investigaciones y condenas judiciales.
Familiares de detenidos desaparecidos y ejecutados políticos se manifiestan frente a La Moneda. Foto: Jorge Zapata.
Por su parte, Alicia Lira declaró que la carta responde a la preocupación de diversas organizaciones frente a lo que calificó como una actitud “indolente y negacionista” por parte del Ejecutivo. Según sus palabras, «la reconciliación no puede construirse sobre la base de la impunidad», especialmente cuando los condenados por crímenes de lesa humanidad no han mostrado arrepentimiento.
«Nosotros a pesar que hemos tenido una justicia tardía, mezquina en las condenas, seguimos teniendo confianza en ella. Por lo tanto, no puede, aunque sea una facultad de un presidente, darle beneficios cancelarios a quien no corresponde», criticó.
Asimismo, las organizaciones subrayaron que las sentencias judiciales por crímenes de lesa humanidad corresponden al ejercicio de un poder independiente del Gobierno, por lo que advirtieron que estas no deberían ser alteradas mediante facultades del Ejecutivo.
En tanto, la senadora informó que ya se citó al ministro Rabat y al subsecretario de Derechos Humanos, Pablo Mira, a la Comisión de Derechos Humanos del Senado. El encuentro no pudo realizarse este miércoles por motivos de agenda, pero quedó reagendado para la semana siguiente.
