“La cuota Flores”: Fiscalía investiga a Camila Flores por fraude al fisco

La senadora aseguró que enfrentará “la situación con la tranquilidad de quien no tiene nada que ocultar”. Según la denuncia, el Ministerio Público investiga presuntos sueldos pactados y acuerdos con dineros públicos.

La senadora aseguró que enfrentará “la situación con la tranquilidad de quien no tiene nada que ocultar”. Según la denuncia, el Ministerio Público investiga presuntos sueldos pactados y acuerdos con dineros públicos.

La senadora Camila Flores (RN) aseguró que enfrentará “con tranquilidad” la investigación abierta en su contra por fraude al fisco, y deslizó que el caso podría tener motivaciones ajenas al interés público.

“Soy una mujer valiente y no me voy a dejar amedrentar por intentos de afectar mi honra”, declaró la parlamentaria, quien dijo no conocer aún los detalles de la denuncia anónima que originó la causa, debido a su carácter reservado.

La Fiscalía Regional de Valparaíso confirmó que en octubre de 2025 recibió esa denuncia sin identificación contra la entonces diputada -hoy senadora- por presuntos delitos funcionarios, incluido “fraude al fisco en carácter reiterado”.

El caso fue informado al Consejo de Defensa del Estado (CDE) y ahora lo investiga la Unidad Regional Anticorrupción, con diligencias a cargo del OS9 de Carabineros. “Se hizo indispensable decretar la reserva de las mismas”, explicó el Ministerio Público.

Según la denuncia, se investigan presuntos sueldos pactados y acuerdos con dineros públicos. Un excolaborador de la legisladora declaró, según reveló T13, que existía un mecanismo informalmente llamado “la cuota Flores”: “A trabajadores contratados con cargo a su equipo parlamentario se les exige entregar a la diputada una parte significativa de sus sueldos en efectivo”.

Frente a las acusaciones, Flores afirmó que enfrentará “la situación con la tranquilidad de quien no tiene nada que ocultar”.

Esta es una acción judicial que está en curso y cuyos cargos que se imputan puedan ser desestimados a lo largo de la investigación y el proceso penal. Por eso, no se debe considerar a las personas involucradas y formalizadas por la justicia como culpables hasta que el tribunal competente dicte una sentencia en su contra.





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