El Comité Estratégico de Auditoría y Revisión Fiscal recibió, durante su segunda sesión realizada este viernes, el primer informe elaborado por el Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno (CAIGG). El documento identificó alertas de riesgo en el uso de recursos fiscales a partir del análisis de datos de más de 500 servicios públicos, abarcando el periodo entre 2025 y el 10 de marzo de 2026.
La subsecretaria de la Segpres, Constanza Castillo, quien preside el Comité, explicó que “dichas situaciones no constituyen por sí mismas irregularidades concluidas, pero sí representan alertas de riesgo que justifican su revisión en profundidad”. Actualmente estas señales se encuentran en proceso de análisis.
Entre los hallazgos destacados figuran transferencias y convenios por montos superiores a USD 140 millones asignados a entidades con menos de un año de antigüedad al momento de recibir los recursos. También se detectaron patrones de contratación que podrían ser indicativos de fragmentación de compras, como más de 65 mil adquisiciones mediante modalidad de “Compra Ágil” en que un mismo proveedor recibió contrataciones del mismo servicio dos o más veces durante un mismo día.
El Presidente José Antonio Kast asiste a la segunda sesión del Comité de Inspección Total para auditorías internas. Foto: Aton.
El informe da cuenta además de más de mil contratos suscritos entre julio de 2025 y febrero de 2026 con compromisos fiscales de mediano y largo plazo, junto con la incorporación de más de 2 mil 500 funcionarios a las plantas de servicios en los últimos meses del año 2025 durante la administración de Gabriel Boric. También se identificaron más de mil convenios terminados y pagados íntegramente con montos no rendidos totales que superan los USD 50 millones.
En materia de licencias médicas, se detectaron cerca de 100 mil trabajadores con permisos superiores a un mes, incluyendo más de mil casos con extensión de más de un año. A ello se suman reparticiones con traspasos masivos de personal desde honorarios a contrata en los meses finales del período anterior, así como la asignación de montos relevantes a programas con evaluaciones insuficientes o deficientes.
“Este es un hecho inédito. En tiempo récord, estamos cumpliendo con el compromiso del gobierno del Presidente Kast de avanzar con la mayor rigurosidad y asegurar el cuidado de los recursos públicos de todos los chilenos. Lo estamos haciendo con las capacidades que hoy tenemos disponibles, gracias al trabajo y compromiso de más de mil auditores internos, para decirle con claridad a la ciudadanía cómo se gastó cada peso público”, sostuvo Castillo.
Presidente José Antonio Kast. Foto: Aton.
La autoridad detalló que se recibieron más de 213 millones de registros de datos, analizados junto con otros sets de información de sistemas administrativos y transaccionales de la gestión pública, además de datos abiertos disponibles en plataformas de transparencia. Estos resultados servirán de base para futuras auditorías, acciones de mejora o determinación de responsabilidades.
Los auditores internos deberán remitir la información al CAIGG sobre el uso de recursos fiscales correspondiente a 2024 hasta el 16 de abril. La información de 2023 se entregará entre el 17 y el 27 de abril, y la de 2022 entre el 28 de abril y el 6 de mayo. Posteriormente, el proceso entrará en la fase de consolidación de hallazgos, priorización de focos críticos, definición de líneas de investigación y, si corresponde, eventuales derivaciones a otros organismos.
