Perú vive este domingo una jornada electoral histórica y desconcertante, marcada por una atomización del voto sin precedentes. Con 35 aspirantes a la presidencia y más de 10.000 candidatos al Congreso, el electorado se enfrenta a una papeleta de dimensiones inusuales —42 centímetros de ancho— donde ningún postulante supera el 15% de apoyo en los sondeos. Esta dispersión es consecuencia directa de la eliminación de las elecciones primarias (PASO) en 2023, medida que permitió una proliferación de candidaturas que vaticina una gobernabilidad sumamente compleja para el próximo periodo.

En la parte alta de las encuestas, el sector ultraconservador lidera las preferencias con Keiko Fujimori (Fuerza Popular) a la cabeza, quien alcanza un 14,5% en su cuarto intento por llegar al poder. Le sigue de cerca el humorista Carlos Álvarez (País para Todos), quien ha irrumpido como el outsider de la temporada con un discurso de populismo punitivo, prometiendo medidas extremas como la pena de muerte. Detrás de ellos, figuras como Rafael López Aliaga y opciones de centro-izquierda como Roberto Sánchez e incluso el académico Alfonso López Chau, luchan por asegurar un cupo en la segunda vuelta fijada para el 7 de junio.

El retorno del Senado y las sombras en las listas parlamentarias

Más allá de la carrera presidencial, estas elecciones marcan el regreso del sistema bicameral al Congreso peruano, una estructura que no se veía desde los años 90. Los ciudadanos deberán elegir a 130 diputados y, por primera vez en décadas, a 60 senadores. Según las proyecciones, el nuevo Senado podría consolidarse como un órgano incluso más influyente que la Cámara de Diputados, con Fuerza Popular posicionándose como la bancada hegemónica en ambas instancias, seguida por grupos como Juntos por el Perú y Renovación Popular en este 2026.

Sin embargo, el proceso está empañado por la calidad de los aspirantes al Legislativo. Investigaciones locales revelan que cerca de 500 candidatos al Congreso registran sentencias por diversos delitos, incluyendo robo, conducción en estado de ebriedad y, de manera preocupante, más de 50 casos vinculados a violencia familiar o incumplimiento de pensiones alimenticias. Con una ciudadanía agotada por la corrupción y la inseguridad, el desafío de estas elecciones no es solo elegir a un nuevo mandatario, sino intentar frenar una crisis institucional que ha mantenido al país en una inestabilidad crónica durante los últimos diez