Críticas tanto de fondo como de forma ha manifestado la oposición al proyecto de ley de reconstrucción nacional, iniciativa del Gobierno que este miércoles presentará el Presidente José Antonio Kast en cadena nacional.

El proyecto —impulsado especialmente por el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz— incluirá más de 40 medidas sobre materias como ajustes tributarios, permisología y reconstrucción de las zonas afectadas por los incendios forestales. Sin embargo, el corazón de la mega reforma es una rebaja al impuesto a las empresas del 27 al 23%, asunto que es una piedra de tope para varios parlamentarios.

El diputado del Partido Socialista (PS), César Valenzuela, afirmó que la iniciativa no es conveniente, porque el Estado dejará de recaudar varios millones de dólares. A su juicio, “no corresponde que en esta oportunidad el Gobierno quiera pasar la aplanadora, más aún considerando que estamos frente a una de las reformas tributarias más agresivas de la historia de Chile”.

El diputado del Partido Socialista, César Valenzuela.

“Según nuestras proyecciones, Chile va a dejar de recaudar entre 4 mil 300 y 4 mil 800 millones de dólares. Por esta razón, hacemos un llamado al Gobierno a escuchar a todos los sectores políticos, a no insistir en medidas que no recaudan, que no generan crecimiento y que lo único que buscan es resguardar el bolsillo de los más ricos”, expresó.

La crítica fue compartida por el diputado del PPD, Raúl Soto. En la antesala de una reunión de su bancada con el ministro de la Segpres, José García Ruminot, Soto aseguró que para ellos, la rebaja de impuestos a los más ricos y la reintegración, “es una línea roja”.

“Se trata de una medida que es rechazada por más del 70% de los chilenos y chilenas según la última encuesta Criteria. Además, es absolutamente contradictoria con el relato de la estrechez fiscal y con la última medida que tomó el Gobierno que fue traspasarle el costo del alza de los combustibles a la clase media”, argumentó.

Desde el Frente Amplio (FA), el diputado Jorge Brito, cuestionó el que medidas que apuntan a la reconstrucción se tramiten junto con una reforma tributaria. Lo más adecuado, estimó el parlamentario, es que se dé un espacio separado, en que se pueda discutir a fondo la rebaja en los impuestos.

“¿Cómo es posible que en este Congreso Nacional por primera vez se va a enfrentar una ley de reconstrucción a partir de tragedias como la de Bío Bío y Valparaíso, en el mismo momento en el cual se propone disminuir la recaudación, regalar 3 mil millones de dólares a las grandes fortunas del país? Insistimos en que el Gobierno no tensione más el país, que no escuche la arrogancia y que sea pragmático. Gobernar es por sobre todo solucionar y si quiere tener una ley aprobada en este Congreso, necesitamos que no use políticamente el dolor de los damnificados de la Región del Bío Bío ni la Región de Valparaíso”, manifestó.

El diputado del Frente Amplio, Jorge Brito.

Por su parte, el también diputado del FA, Jaime Bassa, se refirió a la imposibilidad de tramitar un proyecto que contiene varias materias distintas. De acuerdo al parlamentario y abogado constitucionalista, “las leyes misceláneas están prohibidas”.

“Toda ley tiene que tener una idea matriz. Esa idea matriz define todo el proceso legislativo, las indicaciones, las comisiones a los cuáles van los proyectos de ley. Este proyecto de ley es inconstitucional, no pueden presentarse leyes misceláneas. Instamos al Gobierno a que sea consecuente con el ordenamiento legal vigente”, dijo.

Otro sector donde también hay cuestionamientos al proyecto de Reconstrucción Nacional es en el Partido de la Gente (PDG). El excandidato presidencial y timonel de la colectividad, Franco Parisi indicó que para conseguir su apoyo es clave que se incorporen medidas en beneficio de la clase media, como el reembolso del IVA en medicamentos o la eliminación de ese impuesto en productos esenciales.

Parisi coincidió con otros líderes de la oposición —e incluso del oficialismo— en que el proyecto no debería presentarse como una ley miscelánea, sino fragmentarse para facilitar su tramitación. En el plano institucional, advirtió que si bien el PDG buscará “apoyar al Gobierno para que le vaya bien”, sus diputados gozan de autonomía, lo que introduce incertidumbre en la viabilidad legislativa del proyecto.