La compromiso del Gobierno de rebajar impuestos ha generado una discusión al interior del oficialismo y una ronda de conversaciones de los ministros con bancadas parlamentarias. Es en este contexto donde el Consejo Fiscal Autónomo (CFA) ha decidido intervenir, marcando un punto en el debate tributario.

En el Senado la semana pasada, la presidenta del CFA, Paula Benavides, situó el problema en que Chile atraviesa un escenario de desequilibrio fiscal, y cualquier rebaja de impuestos debe ser evaluada bajo criterios de sostenibilidad, coherencia con el balance estructural y respeto por el anclaje de deuda.

En ese sentido, enfatizó en que “la sostenibilidad fiscal juega un rol central para asegurar y mejorar el bienestar de la población, ya que entre otros aspectos se relaciona con: un crecimiento económico inclusivo y con volatilidad acotada; una inflación baja y estable”. Con esa intervención, el CFA se instala haciendo definiciones de margen político, voz que seguramente será clave cuando el proyecto ingrese de lleno al Congreso.

Paula Benavides agregó que “la sostenibilidad de las políticas sociales; disposición de fondos soberanos para afrontar shocks transitorios adversos de gran magnitud y acceso a financiamiento a costos razonables, es decir, contar con la posibilidad de actuar en forma contracíclica con mayor flexibilidad”.

El núcleo de la discusión radica en la magnitud de las medidas propuestas. La reducción del impuesto corporativo de 27% a 23% implicaría, por sí sola, una merma superior a los US$ 1.500 millones, a lo que se suma la eliminación del impuesto a las ganancias de capital. Según evaluaciones técnicas previas, ni siquiera un eventual mayor crecimiento económico lograría compensar completamente esa caída en la recaudación en el largo plazo.

Ante esa situación, el Ejecutivo ha comenzado a delinear mecanismos compensatorios. Entre ellos, la repatriación de capitales, ajustes en impuestos a las herencias, recortes de gasto y una apuesta por el dinamismo económico. Sin embargo, estas medidas están sujetas a revisión técnica y política.

En esa lógica, nuevas estrategias estarían sido incorporadas al diseño. El combate al contrabando de cigarrillos -que genera pérdidas cercanas a US$ 500 millones anuales- y una ofensiva para recuperar la deuda del Crédito con Aval del Estado (CAE) aparecen como fuentes adicionales de ingresos. Esta última, según estimaciones oficiales, podría alcanzar los US$ 1.600 millones en segmentos específicos de deudores.

Pero, como advierten economistas, plantear compensaciones sin afectar el objetivo de estimular la inversión podría terminar provocando efectos no deseados. Aumentar tributos en ciertos sectores o eliminar exenciones puede mejorar la recaudación, pero también diluir la señal procrecimiento que busca instalar el Gobierno.

Así, la irrupción del CFA podría reconfigurar la discusión, al introducir la pregunta de hasta dónde puede el Estado ceder ingresos sin comprometer su estabilidad futura. El Gobierno deberá entonces fundamentar no solo la medida de corto plazo, sino también sus efectos fiscales en el futuro.