En Perú, en la última década, todo lo que rodea a la figura presidencial se ha transformado en sinónimo de caos, incertidumbre e inestabilidad política. Las elecciones generales de 2026 no solo no escapan a esta lógica, sino que parecen confirmarla con fuerza.
Más que un evento aislado, lo que está pasando estos días, independiente del resultado, es la consolidación de una crisis estructural que ha convertido lo excepcional en regla, manteniendo al Poder Ejecutivo en una permanente cuerda floja.
Lo que prometía ser una elección capaz de devolver cierta certidumbre, con 35 candidatos presidenciales y el estreno de un nuevo Congreso bicameral, terminó derivando en un proceso marcado por el desorden.
Retrasos en la instalación de mesas, problemas logísticos, denuncias cruzadas y un conteo que se extendió más allá de lo habitual han reforzado la sensación de fragilidad institucional. En lugar de cerrar una etapa de inestabilidad, el proceso electoral ha profundizado la desconfianza en el sistema político peruano.
Elecciones en Perú. Foto: ONPE.
La jornada del domingo 12 de abril, que debió ser el momento clave de expresión democrática, terminó extendiéndose de manera inédita hasta el lunes 13. Esta decisión, adoptada por las autoridades electorales como medida de emergencia, buscaba garantizar el derecho a voto de miles de ciudadanos afectados por fallas logísticas. Sin embargo, el hecho de que más de 63 mil personas no pudieran votar inicialmente por falta de material electoral, principalmente en Lima Metropolitana, expuso una grave debilidad del Estado.
Este tipo de errores no son menores, en un contexto donde el discurso del fraude electoral es recurrente, cualquier irregularidad alimenta narrativas de deslegitimación. La actuación de la Oficina Nacional de Procesos Electorales no solo generó cuestionamientos técnicos, sino que abrió una grieta política que distintos actores han aprovechado para sembrar dudas sobre la transparencia del proceso.
A esto se suma un conteo de votos que, incluso varios días después, sigue sin entregar resultados definitivos. Con cerca del 93% de las mesas escrutadas, la incertidumbre persiste debido a un escenario extremadamente ajustado. Mientras una candidata parece consolidada en la primera posición, el segundo lugar se disputa voto a voto entre varias figuras, separadas por márgenes mínimos que mantienen en suspenso el desenlace.
Desde Chile, llegan las actas electorales a la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales. Foto: ONPE
El factor clave está en el llamado “margen de error del conteo”. El porcentaje restante incluye votos rurales y del extranjero, históricamente divergentes en sus preferencias, mientras el voto rural vota hacía a la izquierda, en el extranjero se tiende a la derecha, además de más de mil actas observadas que deben ser revisadas por instancias electorales. En este contexto, la diferencia entre los candidatos es menor que la cantidad de votos aún en disputa, lo que impide cualquier proclamación anticipada.
La situación fue tal que incluso terminó con la detención del ahora exgerente de Gestión Electoral de la ONPE, José Samamé Blas, por su presunta responsabilidad en el caótico retraso en la distribución del material electoral durante las elecciones generales. Mientras que la investigación sobre su superior, Piero Corvetto (jefe de la ONPE), continúa en curso. Las investigaciones no solo buscan determinar responsabilidades individuales, sino que vuelven a poner en cuestión la capacidad institucional del Estado peruano para organizar elecciones confiables.
En paralelo, han surgido denuncias de fraude por parte de algunos candidatos, como Rafael López Aliaga alias “Porky” quien está a menos de 8 mil votos del segundo lugar, llegó a llamar a la “insurgencia civil” y a “incendiar la pradera”, Ricardo Belmont tuvo acusaciones similares. No obstante, ninguno dio pruebas concretas.
Elecciones en Perú. Foto: ONPE.
Estas acusaciones, acompañadas incluso de llamados a la movilización, tensan aún más el clima político. Sin embargo, organismos como la Defensoría del Pueblo han descartado categóricamente la existencia de fraude, señalando que no existen evidencias técnicas ni legales que respalden dichas afirmaciones.
En este escenario, el país se encamina hacia una segunda vuelta prevista para el 7 de junio, pero con un nivel de incertidumbre pocas veces visto. El posible enfrentamiento entre dos proyectos políticos profundamente distintos, uno orientado a la continuidad del modelo económico vigente y otro que propone transformaciones estructurales, anticipa una campaña altamente polarizada. Más que una disputa electoral tradicional, lo que se proyecta es un choque de visiones sobre el futuro del Estado peruano.
Pero el desafío no termina en la elección presidencial, en las elecciones también se eligió un nuevo Congreso renovado, que vuelve a la bicameralidad, compuesto por una Cámara de Diputados y un Senado, configura un mapa de poder complejo y fragmentado. Ninguna fuerza política cuenta con mayoría suficiente para gobernar en solitario, lo que obliga a la construcción de alianzas en un sistema que históricamente ha demostrado dificultades para generar consensos.
Si bien la reintroducción del Senado busca actuar como un mecanismo de moderación y control, evitando decisiones impulsivas como las destituciones presidenciales exprés, existen dudas sobre su efectividad real. La presencia de actores políticos tradicionales y la persistente fragmentación podrían limitar su rol como “cámara de reflexión” y reproducir las dinámicas de confrontación que han marcado la última década.
La gran pregunta, entonces, es si este nuevo diseño institucional será capaz de frenar la llamada “puerta giratoria” presidencial, que ha llevado a Perú a tener múltiples mandatarios en pocos años.
Por ahora, los indicios apuntan a que el riesgo de inestabilidad sigue siendo alto. La falta de mayorías claras, sumada a la debilidad de los partidos políticos, configura un escenario donde el conflicto entre Ejecutivo y Legislativo podría mantenerse como una constante.
En definitiva, las elecciones en Perú no solo definen quién ocupará la presidencia, sino que reflejan una crisis más profunda, la dificultad del sistema político para generar gobernabilidad, legitimidad y estabilidad. Más allá del resultado final, el verdadero desafío será reconstruir la confianza en las instituciones y evitar que la incertidumbre siga siendo la principal característica de la democracia peruana.
