Los diputados del Partido de la Gente (PDG) Tamara Ramírez, Fabián Ossandón, Patricio Briones y Flor Contreras, presentaron un oficio en la Contraloría General de la República (CGR) para que el organismo se pronuncie sobre la legalidad de los asesores del gobierno de José Antonio Kast que perciben remuneraciones simultáneas por estar en cargos de elección popular.

La acción parlamentaria surge tras revelarse que figuras clave, como la jefa de gabinete presidencial, Catalina Ugarte, y asesores estratégicos en Transportes y Educación, han mantenido sus puestos como concejales o consejeros regionales (CORE), mientras ejercen funciones de alta responsabilidad en el Ejecutivo.

Al respecto, la legisladora Tamara Ramírez fue tajante al decir que: “El estándar de probidad no puede ser un eslogan de campaña que se olvida al llegar a La Moneda. Aquí hay una incompatibilidad de funciones evidente. Un asesor presidencial debe tener dedicación exclusiva, ya que es imposible asesorar al Presidente y, al mismo tiempo, cumplir con las obligaciones que la gente les encomendó en las urnas”.

Por su parte, el diputado Fabián Ossandón señaló que “si no existió una instrucción expresa para que estos asesores renunciaran a sus cargos de elección popular apenas asumieron, estamos ante una falta grave a la probidad administrativa. No se puede estar en ambos lados, menos recibiendo recursos públicos de forma duplicada”.

En la misma línea, Patricio Briones enfatizó que “se nos prometió una administración distinta, pero vemos que se repiten prácticas que dañan la confianza pública. Queremos que la Contraloría aclare si estas personas han destinado toda su jornada laboral a las asesorías de gobierno como dicta la norma, o si han descuidado sus funciones públicas”.

En tanto, la parlamentaria Flor Contreras sostuvo que “esta es una situación irregular y necesitamos que la Contraloría determine las responsabilidades y si corresponde el reintegro de dineros percibidos de forma incompatible”.

La presentación del oficio ante la Contraloría busca que se establezca si la omisión de una instrucción presidencial para evitar estas situaciones constituye una infracción reglamentaria, en un escenario donde la administración de Kast había prometido tolerancia cero a los privilegios estatales