Tras una semana de versiones cruzadas que evidenciaron la falta de coordinación en el comité político, el Gobierno dio un paso atrás definitivo. El ministro secretario general de la Presidencia (Segpres), José García Ruminot, confirmó que el Ejecutivo desechó la idea de limitar la gratuidad universitaria a personas mayores de 30 años, una medida que el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, había defendido fervientemente apenas el día anterior.

“El limitar la gratuidad por sobre los 30 años de edad no va a estar en esta iniciativa“, aseguró García Ruminot desde Valparaíso, buscando cerrar una controversia que el propio oficialismo calificó como un error de “rodaje”. El secretario de Estado explicó que la decisión se tomó tras una reunión nocturna con sus pares de Interior, Claudio Alvarado, y de Hacienda, Jorge Quiroz, para unificar criterios antes del ingreso del proyecto al Congreso.

El “factor Quiroz” y el quiebre interno

La polémica alcanzó su punto máximo el jueves, cuando el ministro Jorge Quiroz insistió en que el gasto en gratuidad se había “escapado a toda proyección”, proponiendo un límite basado en los años de egreso de la enseñanza media. Sus palabras contradijeron directamente al ministro del Interior, Claudio Alvarado, quien ya había dado por superada la discusión.

Esta ambigüedad generó duras críticas en la oposición y en la propia coalición de gobierno. El jefe de la bancada de diputados de la DC, Héctor Barría, fue lapidario con la gestión del titular de Hacienda: “Él intenta imponer en vez de buscar los acuerdos“, señaló, contrastando su figura con la de Alvarado, a quien describió como “dialogante”. Barría envió una advertencia directa a La Moneda: “¿Por qué se meten con la gratuidad? Costó tanto lograrla… ¡Metan mano en otros ámbitos!“.

Cronología de una semana de contradicciones

El camino hacia este retroceso no fue lineal, sino que estuvo marcado por una serie de señales erráticas que terminaron por confundir a las comunidades educativas durante toda la semana. Todo comenzó el lunes 13 de abril, cuando la bancada de diputados de la UDI instaló el primer foco de tensión al presionar al Ejecutivo para vincular el beneficio de la gratuidad con la conducta penal de los estudiantes, sugiriendo el retiro del financiamiento para aquellos condenados por delitos graves. Esta postura inicial fue el preludio de un anuncio mucho mayor: el miércoles 15, el presidente José Antonio Kast presentó formalmente su ambicioso “Plan de Reconstrucción Nacional”. En ese momento, los ministros Claudio Alvarado y José García Ruminot intentaron transmitir calma, minimizando cualquier posibilidad de cambios profundos en el sistema de financiamiento estudiantil.

Sin embargo, la tranquilidad duró poco dentro de La Moneda. El jueves 16, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, rompió la línea discursiva de sus pares al defender técnicamente la necesidad de establecer un límite de 30 años para acceder al beneficio. El jefe de la billetera fiscal argumentó que el gasto en gratuidad había “escapado a toda proyección”, volviéndose insostenible para las arcas públicas. Esta declaración desató una crisis de coordinación que solo se resolvió el viernes 17, cuando la Segpres desautorizó públicamente la postura de Hacienda. En un movimiento de repliegue estratégico, el Gobierno confirmó que la restricción de edad quedaría finalmente fuera de la iniciativa legal.