Luego de una semana de intensas contradicciones comunicacionales que obligaron a La Moneda a retroceder en su intención de limitar la gratuidad universitaria, el Gobierno se prepara para ingresar esta semana —previsiblemente el martes o miércoles— el esperado Plan de Reconstrucción Nacional y Desarrollo Económico y Social. En la antesala del trámite legislativo, el comité político se desplegó en los medios para blindar la iniciativa y aplacar las críticas.

El ministro del Interior, Claudio Alvarado, aprovechó su intervención en el programa Estado Nacional de TVN para descartar tajantemente la tesis de las “dos almas” en el Ejecutivo. “Las decisiones que tomamos son de carácter colectivas y consensuadas”, aseguró, atribuyendo los enredos de los últimos días a simples desprolijidades.

“A veces nadie está libre de comunicar algo de una manera que genere confusión (…) estamos muy lejos de un cambio de gabinete”, sentenció el jefe de gabinete.

Por su parte, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, delineó en El Mercurio una ambiciosa hoja de ruta: lograr la aprobación del megaproyecto antes de la Cuenta Pública de junio, apostando por el sector de la construcción como motor de la recuperación de empleos. En un evidente giro discursivo para reducir la presión sobre La Moneda, Quiroz matizó que el éxito del Gobierno no depende exclusivamente de este plan, flexibilizando la postura rígida que había mostrado en días previos.

Ministro de Hacienda, Jorge Quiroz. Foto: Aton.

En tanto, el ministro secretario general de la Presidencia (Segpres), José García Ruminot, defendió férreamente el corazón de la reforma tributaria incluida en el paquete. “Decir que este es un proyecto que favorece a los más ricos es una forma de caricaturizar.

El proyecto contiene una disminución del impuesto de Primera Categoría del 27% al 23%, medida que “los organismos internacionales nos han dicho que había que tomar para recuperar competitividad”, argumentó Ruminot, destacando además un salvavidas fiscal de US$ 1.400 millones anuales en créditos para aliviar a las pymes y la exención de contribuciones para adultos mayores.

La mirada experta: ¿Falta de diseño o pragmatismo estratégico?

Para la académica de la Universidad del Desarrollo y jefa editorial de Faro UDD, Fernanda García, los titubeos del Gobierno no responden a una fractura ideológica, sino a un “problema de coherencia estratégica” al momento de comunicar.

“En las distintas identidades que tiene el gobierno no hay un fraccionamiento respecto a que se requiere realidad fiscal. Pero sí hay una diferencia en la manera en la que se persigue la posibilidad de dialogar”, analiza García.

La docente de Derecho Comercial de la Universidad del Desarrollo, jefa editorial de Faro UDD y candidata a doctora en Derecho, Gobierno y Políticas Públicas, Fernanda García. Foto: Faro UDD.

Para la experta, tener a un perfil rígido como Quiroz frente a “articuladores experimentados” como Alvarado y García Ruminot puede ser un esquema virtuoso, pero solo si está planificado. “Si eso no se planifica y se ven como desautorizaciones, es una bomba de tiempo respecto de la viabilidad del gabinete”, advierte.

García también apuntó sus dardos a la oposición, cuestionando su falta de contrapeso técnico. “Me gustaría ver a una izquierda capaz de criticar con seriedad la sostenibilidad financiera del proyecto. Como no ha habido eso, estamos hablando del pirquineo de votos con el PDG, un partido que no tiene una identidad política definida”, reflexionó la analista.

Voces del Parlamento: entre el rechazo estructural y la búsqueda de mayorías

Desde el oficialismo, confían en un alineamiento total. El diputado Benjamín Moreno (Partido Republicano) aseguró que “los 76 votos del oficialismo están absolutamente cuadrados” y proyectó la iniciativa como un “punto de inflexión” para revertir 15 años de caída económica. En la misma línea, la diputada Constanza Hube (UDI) acusó “ansiedad” en la centroizquierda y llamó a la oposición —a quienes tildó de tener “alergia al crecimiento”— a leer el texto antes de rechazar la idea de legislar.

Diputado REP Benjamin Moreno. Foto: Aton Chile.

Sin embargo, el rol de “bisagra” volverá a recaer en el Partido de la Gente (PDG). La diputada Zandra Parisi se atribuyó como un triunfo de su colectividad el pie atrás del Gobierno en materia de gratuidad, asegurando que están abiertos a dialogar, pero exigiendo que el Ejecutivo escuche sus demandas de rebaja del IVA a medicamentos y a la canasta básica. “El PDG siempre está abierto a dialogar, pero queremos saber si tienen otros planes si no resulta lo que están proponiendo. El foco debe ser la familia chilena”, condicionó.

Desde la oposición, el panorama es de abierto rechazo a las medidas fiscales. El diputado Raúl Leiva (PS) criticó duramente la “disociación” del Gobierno y adelantó que, si no hay apertura a modificar el texto en las comisiones, votarán en contra de la idea de legislar.

“Plantear una rebaja del impuesto corporativo sin compensación y una reintegración del sistema es absolutamente regresivo”, sentenció.

Diputado PS, Raúl Leiva. Foto: Aton Chile.

Una visión compartida por el diputado Marcos Barraza (PC), quien catalogó las propuestas estructurales de La Moneda como “dañinas para las familias chilenas”. Según Barraza, las desavenencias del gabinete demuestran que el objetivo de recortar derechos sociales sigue vigente.

“Disminuir el impuesto a las grandes empresas significa que el Estado pierde 1.800 millones de dólares. Establecer invariabilidad tributaria por 25 años es gravísimo. El Gobierno dejó de tener vocación mayoritaria y está gobernando para el 1% más rico del país”, concluyó el legislador comunista.