La Cámara de Diputados votará hoy en general el proyecto Escuelas Protegidas, iniciativa del Gobierno que “establece medidas de seguridad, orden y respeto para la comunidad educativa”, con el fin de enfrentar la violencia en establecimientos educacionales.

Se estima que el Ejecutivo cuenta con los votos para aprobar la idea de legislar, ya que además del oficialismo, el PPD y la DC han manifestado su respaldo. Sin embargo, el Frente Amplio y el Partido Comunista (PC) anunciaron que harán reserva de constitucionalidad.

El texto, ya aprobado en la Comisión de Educación, dispone que los sostenedores podrán incluir en sus reglamentos internos la revisión de mochilas y bolsos de estudiantes, excluyendo sus vestimentas, para evitar el ingreso de elementos peligrosos o armas.

No obstante, “queda estrictamente prohibido requerir al estudiante que se desnude, así como la revisión corporal”, punto impulsado por las diputadas Emilia Schneider (FA) y Daniela Serrano (PC) y aprobado por unanimidad.

El reglamento interno escolar deberá definir el personal autorizado, evitar cualquier forma de contacto físico o exposición innecesaria, y establecer espacios adecuados para realizar estas revisiones.

Además, si se detectan elementos peligrosos, los establecimientos deberán informar de inmediato a los padres y apoderados, así como a Carabineros de Chile o la Policía de Investigaciones (PDI).

El proyecto también modifica el DFL N°2 del Ministerio de Educación sobre subvención escolar, reforzando la obligación de contar con normas claras de convivencia escolar.

En esa línea, el Gobierno propuso que se consideren como faltas graves los actos que impidan la realización de clases o provoquen su interrupción total o parcial, excluyendo aquellos hechos involuntarios o asociados a estudiantes con condiciones especiales.

Asimismo, se aprobó una indicación que incluye las amenazas dentro de la comunidad educativa —por cualquier medio— cuando generen interrupciones en la jornada escolar.

El proyecto también incorpora como requisito para acceder a la gratuidad en la educación superior no haber sido condenado por delitos graves, como aquellos que atenten contra la vida, la integridad física o la propiedad.

Junto a su aprobación en comisión (nueve votos a favor y tres en contra), se respaldó una indicación que establece la suspensión de la gratuidad en caso de condena por este tipo de delitos mediante sentencia firme.