Previo a la votación en Sala del proyecto de Escuelas Protegidas, programada para las 17:00 horas, la Comisión de Constitución del Senado discutió otra iniciativa que modifica la Ley N°20.084 sobre responsabilidad penal adolescente, que busca fortalecer la respuesta sancionatoria frente a delitos de especial gravedad cometidos por menores de edad.
Actualmente, la ley vigente establece un sistema de responsabilidades entre los 14 y 17 años, pero tiene un enfoque en la reinserción, sobre todo en la defensa gratuita hacia los menores y en centros especiales, que no son cárceles, como los adultos.
La propuesta, que se encuentra en segundo trámite constitucional, contó con la participación del ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat, además de la jefa de la División de Reinserción, María Fabiana Castro, y la jefa de División Jurídica, Pilar Hazbún.
Imagen referencial de la penitenciaría de Santiago. Foto: Jonnathan Oyarzun/Aton Chile.
Durante la discusión, el autor de la iniciativa, el senador Andrés Longton (RN), argumentó que el proyecto responde al “aumento de delitos cometidos por menores de edad”.
“Particularmente los delitos más violentos de nuestra legislación: homicidios, portonazos, encerronas y los distintos tipos de robo con violencia e intimidación”, señaló.
El parlamentario agregó que el número de causas asociadas a responsabilidad penal adolescente se duplicó en los últimos años. “El año 2021 teníamos un poco más de 20 mil causas por Ley de Responsabilidad Penal Adolescente y el año 2024 terminamos con más de 40 mil”, sostuvo.
El senador de Renovación Nacional, Andrés Longton. Foto: Sebastián Cisternas/ Aton Chile.
Entre las principales modificaciones, Longton explicó que se propone aumentar el máximo de penas para adolescentes entre 14 y 16 años en actos delictivos graves, endurecer las condiciones de internación provisoria y establecer consecuencias más estrictas frente a fugas desde centros cerrados.
“Creemos que hay un incentivo precisamente porque las penas son bajas o las reclusiones en sistema de internación provisoria cerrada son en un tiempo muy acotado”, afirmó.
El senador planteó que el proyecto busca considerar los antecedentes penales cometidos antes de los 18 años. “Hoy, cuando cumplen 18 años, al menor se le limpian totalmente los papeles y eso nos parece que no corresponde”, indicó.
Imagen referencial de joven en control de detención. Foto: Sebastián Cisternas/Aton Chile.
Por su parte, el titular de Justicia respaldó la discusión general de la iniciativa y manifestó que aborda “una situación que hoy día se está dando en la sociedad y es que los menores están cometiendo delitos de alta repercusión”.
En su intervención, el Ejecutivo puso énfasis en la reincidencia juvenil. Rabat aseveró que “aproximadamente un 18,7% de los menores tienen reincidencias iguales o superiores a cuatro veces”.
La jefa de la División de Reinserción, María Fabiana Castro, advirtió que un grupo reducido concentra gran parte de los ilícitos. “Un grupo de jóvenes que no pasa del 10% es responsable, en su edad adulta, de más del 50% de los delitos, por lo tanto, la estrategia más inteligente es poner el acento en ese grupo de jóvenes reincidentes”, señaló.
El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat. Foto: Sebastián Cisternas/Aton Chile.
Asimismo, la autoridad expuso que actualmente alrededor de mil adolescentes se encuentran privados de libertad y que cerca del 70% lo está bajo medidas cautelares. “Es una cifra que ha aumentado conforme a los años. En 2021 esa cifra era alrededor del 50% y hoy día creció casi al 70%”, detalló.
En tanto, la senadora Claudia Pascual (PC) planteó la necesidad de equilibrar sanción y reinserción. “No todo necesariamente es crimen organizado, y la posibilidad de distinguir entre reincidentes y primerizos es fundamental”, afirmó.
Además, previno sobre la importancia de evitar efectos criminógenos derivados de privaciones de libertad prolongadas. La legisladora solicitó ampliar el debate antes de votar la iniciativa e incorporar nuevas voces desde el mundo académico, jurídico y organizaciones vinculadas a la protección de la niñez.
El presidente de la comisión, Pedro Araya (PPD), acogió la solicitud y propuso realizar nuevas sesiones con invitados antes de votar la idea de legislar.
