Amnistía Internacional presentó en Chile su informe anual 2025-2026, en una actividad realizada en la Biblioteca Nacional, donde se dieron a conocer las principales conclusiones del reporte y sus implicancias para la situación nacional.
En la instancia se realizó un panel de conversación compuesto por el director ejecutivo de Momento Ciudadano, Rodrigo Mayorga, la académica de nuestra casa de estudios Faride Zerán, y el director de Amnistía Internacional Chile, Rodrigo Bustos.
En conversación con la primera edición de Radioanálisis, Bustos advirtió que el informe evidencia un deterioro estructural del sistema internacional de protección de derechos humanos.
“No estamos ante una crisis más, un momento difícil como cualquier otro (…) estamos ante un ataque concertado a los cimientos del orden internacional que se construyó hace 80 años atrás”, señaló.
“Hay gobiernos que derechamente están actuando de manera depredadora contra ese orden global que nos dimos después de la segunda guerra mundial”, agregó. El director sostuvo que este escenario se refleja en conflictos armados, retrocesos democráticos y debilitamiento de organismos internacionales.
En ese contexto, mencionó situaciones como el “genocidio“ en Gaza, los ataques de Estados Unidos e Israel, crímenes en Ucrania y las crisis humanitarias en distintos países, afirmando que el sistema internacional “no está pudiendo responder” debido, entre otros factores, al uso del veto por parte de grandes potencias y la reducción del financiamiento a agencias de Naciones Unidas.
Explosión en Teherán tras bombardeo de Estados Unidos a almacenes petroleros iraníes.
Por otra parte, el informe global de Amnistía Internacional analiza la situación en 144 países durante 2025 y previene sobre tendencias como el aumento de prácticas autoritarias, la represión de la disidencia, la discriminación, la injusticia climática y el uso indebido de la tecnología, factores que —según la organización— amenazan con profundizarse en los próximos años.
Respecto a Chile, el reporte identifica persistencia de impunidad por violaciones de derechos humanos ocurridas durante el estallido social de 2019, retrasos en la reforma policial y continuidad del estado de excepción en la Macrozona Sur.
El documento expone que existe violencia contra niños, niñas, mujeres y personas defensoras de las garantías individuales. Además, cuestiona la política migratoria por carecer de un enfoque basado en derechos fundamentales.
Manifestación por el quinto aniversario del estallido social ocurrido en el año 2019. Foto: Javier Torres/Aton Chile.
En esa línea, Bustos señaló que, si bien hubo avances en el país, existen pendientes. “El Estado de Chile tenía deudas muy claras para hacer justicia y respecto, por ejemplo, a que hubiera reparación a las víctimas de la violación a los derechos fundamentales (…) el gobierno del presidente Boric no cumplió con las víctimas, no hubo una política de reparación integral”, afirmó.
Asimismo, expresó preocupación por las señales del nuevo gobierno. “Las primeras medidas podemos decir que son preocupantes y graves (…) el día siguiente que asumió el Presidente José Antonio Kast anunció que se iba a avanzar en indultos respecto de personas condenadas por delitos muy graves cometidos por agentes del Estado”, sostuvo, calificando la medida como “una pésima señal para la sociedad chilena”.
Otro de los temas destacados en el informe es el impacto de la tecnología y la inteligencia artificial en los derechos humanos. Bustos advirtió que estas herramientas pueden utilizarse para restringir libertades, señalando que se han empleado mecanismos de reconocimiento facial para reprimir protestas y controlar la migración.
Prototipo de cabeza robótica exhibida por el Centro Nacional De Inteligencia Artificial (CENIA) en la actividad “Inteligencia artificial al servicio de las personas”. Foto: Javier Salvo/Aton Chile.
“Amnistía Internacional no está en contra de la tecnología, lo que sí decimos es que tiene que incluirse el enfoque de derechos humanos en todos los avances tecnológicos”, indicó.
En relación con el fenómeno migratorio, el documento es claro al señalar que las respuestas estatales deben evitar enfoques populistas.
En ese contexto, Bustos afirmó que “las recetas tienen que ser políticas integrales con una perspectiva de derechos humanos donde por supuesto haya control de las fronteras pero donde en definitiva entendamos que la migración puede ser también un recurso, una oportunidad para nuestro país”.
