La Comisión de Constitución del Senado continuó con la discusión sobre el proyecto sobre responsabilidad penal adolescente. La iniciativa busca modificar la respuesta sancionatoria contra menores infractores que incurran en conductas consideradas de especial gravedad, por ejemplo, el homicidio, el secuestro y la tortura. 

A la cita, asistió de manera telemática el defensor de la Niñez, Anuar Quesille, y expuso la postura del organismo en la materia. En primera instancia, afirmó que comparten la preocupación de la iniciativa respecto a la seguridad pública y el aumento de la violencia en ciertos delitos. 

Sin embargo, reafirmó que la defensoría apuesta por medidas orientadas a la reinserción y resocialización. Justificó, a través de un estudio de Fundación Paz Ciudadana, que “las políticas vinculadas a los endurecimientos de penas o la equiparación de un sistema juvenil al sistema de adultos, muchas veces no resultan efectivas dada la necesidad de evidencia”. 

Además, Quesille citó estadísticas y aseguró que la comisión de delitos por parte de adolescentes es marginal. Puso sobre la mesa los datos respecto a casos policiales y denuncias entre 2015 y 2025 del Centro de Estudios y Análisis del Delito. “Aunque existe un aumento del 12% en los delitos de mayor connotación social desde el año 2015, los casos de responsabilidad para los adolescentes, no llegan a superar los niveles pre pandemia”, explicó. 

En esa línea, indicó que: “Lo más relevante es que al año 2025 los adolescentes representan solo el 9% de los casos policiales, mientras que los adultos el 91%. Por tanto, la primera pregunta que nos debemos plantear como organismo de derechos humanos es si esto es proporcional, puesto que la propuesta implica la alteración del sistema de justicia juvenil por un fenómeno que representa menos del 10% del problema”. 

Sobre lo anterior, agregó que se puede complementar con datos, por ejemplo, del Ministerio Público. “Creemos que es importante ver si por estos casos es necesario generar una reforma estructural al sistema penal juvenil, porque va a tener un impacto”, cuestionó. 

Delitos. Foto referencial: Jonnathan Oyarzun/Aton Chile.

En resumen, señaló que se modificaría todo el sistema sin tener necesariamente toda la evidencia y por un porcentaje marginal, lo que generaría presiones económicas y sistémicas o de infraestructura.  

Asimismo, Quesille expuso que solo el elevar de 5 a 10 años el límite de internación para adolescentes menores de 16 años en delitos graves, tendría un costo estimado de $5 mil 100 millones, es decir, superior al presupuesto total de la Defensoría de la Niñez. 

“Duplicar el tiempo de encierro sin una evidencia que dé cuenta de la efectividad de la medida puede generar una apuesta que podría ser riesgosa en términos de efectividad, pero además también es muy costosa sobre todo en momentos en que el Estado está ahorrando recursos”, dijo. 

Anuar Quesille, defensor de la Niñez. Foto: Javier Salvo/Aton Chile.

“¿Qué hacemos?”

Por su parte, el senador de Renovación Nacional, Andrés Longton, quien es autor del proyecto, aseguró entender el análisis del defensor de la Niñez, pero afirmó que existe un problema concreto en el proceso de reformar y reinsertar. 

“Creo que fue el 2014 o el 2015, que fueron cifras superiores a las del 2024, que llegamos a más de 40 mil causas responsables de pena al adolescente, pero también es verdad que en el 2021 llegamos a 20 mil y que esta fue incrementándose sostenidamente. Y se fue incrementando no solamente respecto al número, sino que respecto a la tipología del delito, fueron delitos cada vez más violentos”, acotó. 

En línea con lo anterior, acotó que: “Por ejemplo, el portonazo, encerrona, según cifras del mismo Ministerio Público, más del 40% de los delitos son cometidos por menores de edad. La receptación de vehículos también, y muchas veces esto tiene una finalidad o un objetivo que tiene que ver con no cumplir penas privadas de libertad, utilizados o no por mayores de edad”. 

El senador de Renovación Nacional, Andrés Longton. Foto:
Sebastián Cisternas/ Aton Chile.

“¿Qué hacemos con esos menores que cometen delitos violentos y qué falla toda la cadena? Es decir, falla la justicia o la reparación del daño, porque ese menor termina en libertad rápidamente. Por lo tanto, no hay un programa de acompañamiento o rehabilitación y reinserción. Uno esperaría que los delitos más violentos, al menos, tengan un programa de acompañamiento, de reinserción, con las terapias correspondientes que brinda el Estado, que puedan ser limitadas o no, pero en un régimen cerrado, particularmente cuando son delitos más violentos”, señaló Longton. 

Bajo esa justificación, el parlamentario afirmó que: “Claramente no hay reparación ni hay rehabilitación en un espacio de tiempo tan corto, donde un menor tiene que estar privado de libertad para efectos de precaverse de que, eventualmente, no vaya a cometer un delito de la misma entidad”, subrayó.

El parlamentario aseguró que entiende el rol de la Defensoría de la Niñez respecto a la prevención, rehabilitación y el acompañamiento, además de criticar que los distintos gobiernos no han escuchado las propuestas de dicho organismo. No obstante, reiteró la consulta: “¿Cómo abordamos esta pata que tiene que ver con la justicia y con la reparación?”.