Un nuevo foco de controversia se abrió en torno al rol del Estado en causas por violaciones a los derechos humanos, luego de que las exjefas del Programa Nacional de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, Magdalena Garcés, Tamara Lagos y Paulina Zamorano, advirtieron un eventual cambio de criterio institucional: dejar de oponerse activamente a beneficios para condenados por crímenes de lesa humanidad.
En ese contexto, se acusó la existencia de prácticas administrativas que irían en la misma línea, pero sin respaldo formal ni transparencia por parte del Ejecutivo.
La denuncia fue respaldada por la abogada Mariela Santana, de Corporación de Promoción y Defensa de los Derechos del Pueblo, quien aseguró que existe una práctica reiterada que ha impedido a abogados del Programa de Derechos Humanos intervenir en causas clave.
En diálogo con Radio y Diario Universidad de Chile la abogada relató que en la sesión de este martes en la Comisión de Derechos Humanos del Senado realizó una interpelación al ministro de Justicia, Fernando Rabat, y al subsecretario de Derechos Humanos, Pablo Mira, que no fue contestada por las autoridades.
Según explicó sobre la denuncia, en distintos casos “se ha impedido alegar recursos ante la Corte Suprema, incluso cuando los abogados ya estaban designados, a partir de instrucciones informales, en algunos casos llamadas telefónicas, que ordenan restarse de esas gestiones”.
Corte Suprema. Dragomir Yankovic/Aton Chile.
De acuerdo con las denunciantes, tres de los casos donde se habría aplicado el nuevo criterio son la causa del agente César Manríquez —condenado a 15 años de presidio por su participación como autor del delito de secuestro calificado de 16 víctimas de desaparición forzada—, quien solicitó cumplir pena en libertad acusando enajenación mental; el caso de Héctor Osses, oficial de carabineros condenado a 15 sentencias judiciales por 31 víctimas de desaparición y homicidio calificado; y la causa de Jorge Mandiola Arredondo, jefe regional de la CNI Concepción, condenado a 15 años de presidio por un montaje que terminó con la vida de siete personas.
Santana detalló que los abogados “se les comunicó desde la Jefatura del Programa de Derechos Humanos una instrucción del ministro de que el Programa de Derechos Humanos no se hará parte en ninguna de las causas de cumplimiento de sentencias contra los genocidas”, lo que —a su juicio— constituye “una vulneración abierta de al protocolo de funcionamiento del Programa de Derechos Humanos que es ley”.
La abogada relató que en una reunión con la Subsecretaría de DD.HH. llevada a cabo este miércoles, sin la presencia del ministro y del subsecretario pero sí de su jefe de gabinete, se les informó que el protocolo está en revisión, aunque —subrayó— “mientras ese proceso no concluya, la norma sigue plenamente vigente y por lo tanto estos instructivos son ilegales”.
Desde el punto de vista jurídico, Santana advirtió que estas prácticas carecen de sustento legal: “Los actos administrativos deben ser motivados, fundados y debidamente comunicados, lo que no ha ocurrido en este caso”. A su juicio, la ausencia de un acto formal y transparente no solo configura ilegalidad, sino que también dificulta el control ciudadano y podría comprometer la responsabilidad internacional del Estado. En esa línea, sostuvo que estas acciones “terminan operando como factores que favorecen la impunidad”.
Por su parte, el ministro de Justicia, Fernando Rabat, descartó que exista una instrucción en los términos denunciados y defendió el actuar del Ejecutivo en función de resoluciones judiciales. “Lo relevante es atender a lo que han señalado los fallos de los tribunales de justicia. Las sentencias (…) han establecido que atender a la integridad, a la dignidad y a la salud de personas condenadas, incluso en delitos de lesa humanidad, apunta a respetar su dignidad”, señaló.
Fernando Rabat. Sebastian Cisternas/Aton Chile.
El secretario de Estado agregó que el compromiso de su cartera es con la memoria histórica y recalcó que “no ha habido una instrucción de este ministro”, insistiendo en que se debe dar cumplimiento a lo resuelto por los tribunales.
Santana, sin embargo, rebatió estas declaraciones y reafirmó que el problema radica en el incumplimiento del mandato legal que rige al Programa de Derechos Humanos. “Existe un protocolo que obliga a intervenir en estas causas, y desconocerlo mediante instrucciones informales constituye un acto ilegal que, en la práctica, favorece la impunidad”, insistió.
Asimismo, enfatizó que cualquier revisión normativa debe ser formalizada y notificada: “La revisión de un protocolo no implica su suspensión, y hasta ahora las instrucciones han sido verbales”.
Reacciones políticas
El hecho no pasó desapercibido en el Congreso Nacional. La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, Fabiola Campillai, recordó que la Subsecretaría de Derechos Humanos “suscribió en 2017 un protocolo de actuación que obliga al área jurídica a intervenir ante cualquier acción que busque rebajas de condena o beneficios para criminales de lesa humanidad”.
Campillai anunció que citará al ministro Rabat para que explique esta situación y advirtió que “se trata de una decisión abiertamente contraria a las obligaciones del Estado”. Además, subrayó que “el Estado debe siempre velar por las víctimas y garantizar el cumplimiento efectivo de las condenas”.
Comisión de Derechos Humanos Cámara Baja. Sebastian Cisternas/Aton Chile.
Desde la Cámara Baja, el diputado del Frente Amplio, Roberto Celedón, sostuvo que se trata de un error del Gobierno. “Erra cuando ordena a los abogados no ejercer los recursos judiciales que correspondan”, declaró.
El parlamentario expuso que la situación “crea confusión” debido a que se “estaría usando el recurso judicial en reemplazo de lo que el Presidente José Kast había anunciado en cuanto a la decisión de indultar a determinados presos por delitos de lesa humanidad”.
“Es deber del Estado ejercer los recursos judiciales que correspondan. Así se hace por parte del Consejo de Defensa del Estado, en contra de las resoluciones que favorecen a las víctimas en cuanto a las reparaciones. Acude hasta las últimas instancias jurisdiccionales”, añadió Celedón.
En tanto, el exministro de Justicia, Jaime Gajardo, por medio de su cuenta de X, calificó la denuncia como “gravísima” y advirtió que las autoridades deben dar explicaciones. “A nuestra sociedad le ha costado mucho que los criminales de lesa humanidad sean juzgados y cumplan sus condenas. Bajo ninguna razón se puede permitir subterfugios para imponer la impunidad”, afirmó.
A nuestra sociedad le ha costado mucho que los criminales de lesa humanidad de la dictadura militar sean juzgados por la justicia y cumplan sus condenas. Por lo mismo, lo que se denuncia en este comunicado es gravísimo y las autoridades del Ministerio de Justicia y Derechos… https://t.co/6iBun9MXea
— Jaime Gajardo Falcón (@jgajardofalcon) April 22, 2026
