La Coalición por la Igualdad de Derechos (CID), organismo intergubernamental fundado en 2016 e integrado por 44 Estados, se pronunció contra la criminalización de relaciones entre personas del mismo sexo, postura que contó con el respaldo de Chile y fue valorada por el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh).

“Tras señales negativas para los derechos LGBTIQ+ dadas por la Cancillería chilena, este es el primer abordaje positivo del Gobierno de José Antonio Kast en torno a las diversidades sexuales”, sostuvo el dirigente del Movilh, Rolando Jiménez.

La declaración, firmada por 30 países de la CID, expresa su “profunda preocupación” por el aumento de leyes que promueven la criminalización de la homosexualidad, señalando que desde 2023 algunos Estados han impulsado normas en esa línea.

El documento advierte que el endurecimiento de sanciones penales por orientación sexual o identidad de género contraviene las obligaciones internacionales en derechos humanos asumidas por los Estados.

Para los países firmantes, estas medidas vulneran el principio de igualdad y no discriminación, establecido en la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, además de aumentar los riesgos de persecución, violencia y exclusión social contra las personas LGBTIQ+.

Asimismo, alertaron que la criminalización restringe el acceso a servicios esenciales como salud y justicia, perpetuando ciclos de discriminación estructural y debilitando el Estado de derecho.

“El contexto generado promueve el miedo, la polarización y la estigmatización, constituyendo un riesgo para los derechos y libertades fundamentales”, señala el texto.

El organismo exhortó a los Estados a avanzar hacia la despenalización de la homosexualidad, garantizar la protección efectiva de los derechos LGBTIQ+ y evitar la aprobación de leyes que sancionen relaciones consensuadas.

También llamó a la comunidad internacional a apoyar a las personas en riesgo y fortalecer la cooperación con organizaciones de la sociedad civil que defienden los derechos humanos.

El pronunciamiento ha sido firmado por países como Alemania, Australia, Brasil, Canadá, Chile, España, Francia, Italia, México, Reino Unido y Suecia, entre otros.