En 1976 nació el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (SENCE), con la finalidad de mejorar la empleabilidad de las personas y la productividad de las empresas, facilitando la capacitación técnica y el acceso a puestos de trabajo. Para ello, se aplicó una lógica de incentivos dirigida a las empresas: la franquicia tributaria SENCE. Este mecanismo permite a las empresas que capacitan a sus trabajadores y trabajadoras recuperar parte de los impuestos pagados al Estado, constituyendo una herramienta para estimular la formación de las personas.

Con el retorno a la democracia, el mecanismo fue revisado y perfeccionado: se fortaleció el incentivo para personas de menores ingresos y se redujo el beneficio para las rentas más altas. El sistema también enfrentó abusos y escándalos que obligaron a su modernización y al establecimiento de nuevas regulaciones. Con el tiempo se consolidó una industria de la capacitación y se incorporaron modalidades de formación online —aceleradas por la pandemia— sujetas a estándares cada vez más exigentes.

Durante 2024, 787.641 personas accedieron a capacitación a través del SENCE, cifra que equivale al 8,47% de la población ocupada. En términos prácticos, si se tratara siempre de trabajadores distintos, a una persona le correspondería capacitarse cada 8 años aproximadamente. Sin embargo, la realidad es más compleja: la recurrencia de capacitación en un mismo grupo de personas implica que gran parte de la fuerza laboral accede a estos beneficios cada diez años o más, o bien, no lo hace nunca.

Esta realidad no es trivial. Una de las debilidades estructurales que explican el estancamiento del crecimiento en Chile, es precisamente la debilidad en las capacidades y competencias de su fuerza laboral. La encuesta PIAAC (evaluación Internacional que mide las competencias de adultos) de la OCDE, ha demostrado por dos décadas que la mitad de la fuerza laboral chilena es analfabeta funcional: personas que saben leer, escribir y calcular, pero no comprenden cabalmente lo que leen, tienen dificultades para expresarse por escrito y no realizan adecuadamente las cuatro operaciones matemáticas básicas. Más alarmante aún, entre el 5% y el 10% de los profesionales universitarios —con 17 o más años de formación— presenta alguna de estas carencias. El IMD de Suiza y el Foro Económico Mundial han identificado esta brecha como una de las debilidades que dificultan la competitividad del país.

Un proyecto que va en la dirección equivocada

Chile atraviesa la Cuarta Revolución Industrial: la irrupción masiva de la inteligencia artificial exige que las personas desarrollen pensamiento crítico, lectura comprensiva, escritura, razonamiento matemático, capacidad de análisis y resolución de problemas. En este escenario, el proyecto de eliminar la franquicia tributaria SENCE —presentado como parte de un ajuste fiscal que busca generar un ahorro de US$300 millones anuales— resulta difícil de comprender. La medida suprimiría el principal mecanismo de incentivo con que cuenta el sistema para que empresas y trabajadores inviertan en formación.

Es legítimo ser muy críticos con el uso de la franquicia: es necesario revisarla y mejorarla, tiene desafíos pendientes en empleabilidad, transferencia del aprendizaje, efectividad e impacto en la productividad y los salarios. Pero eliminarla sin ofrecer una alternativa equivalente, en plena era digital y en una economía que anticipa estancamiento, es una decisión que va en la dirección contraria al desarrollo del capital humano que Chile requiere.

La evidencia es clara: la capacitación tiene un impacto real en la mejora de las condiciones de vida de las personas y en la productividad de las empresas. Eliminar la franquicia sin sustitución no es una reforma pro crecimiento: es aumentar la brecha y poner más obstáculos a quienes necesitan desarrollar las competencias exigidas por el mercado laboral del siglo XXI.

A 50 años del SENCE, Chile necesita construir una política de capacitación para el siglo XXI: con mejores herramientas y mecanismos, no con menos. Un país que aspira a crecer de manera sostenida no puede darse el lujo de desfinanciar su capital humano.