La Contraloría General de la República detectó irregularidades en el proceso de reubicación de alumnos expulsados de liceos emblemáticos por hechos de violencia, y exigió a las autoridades educacionales corregir los vacíos identificados.

De acuerdo con el Informe Final N°660, que revisó siete establecimientos de la Región Metropolitana —entre ellos el Instituto Nacional, el Liceo José Victorino Lastarria y el Internado Nacional Barros Arana—, se constató que parte de los estudiantes sancionados continuaron su trayectoria escolar sin ajustarse a la normativa vigente.

El informe detalla que 38 alumnos que fueron expulsados o tuvieron cancelación de matrícula fueron reubicados o mantienen matrícula activa en otros colegios emblemáticos, o incluso en el mismo establecimiento del que habían sido sancionados.

En ese contexto, el organismo advirtió que un 21% de estos estudiantes reingresó al mismo colegio, mientras que el 79% restante se matriculó en otros liceos emblemáticos que también presentan altos niveles de conflictividad.

Incidentes en el Instituto Nacional (2022). Foto: ATON.

Frente a estos hallazgos, la Contraloría instruyó a la Superintendencia y a la Subsecretaría de Educación a adoptar medidas coordinadas para asegurar la correcta reubicación de los alumnos sancionados, especialmente en casos vinculados a violencia. Ambas instituciones deberán informar avances antes del 31 de mayo.

El informe generó reacciones en autoridades locales. El alcalde de Providencia, Jaime Bellolio, valoró el documento y sostuvo que existe una concentración de hechos de violencia en ciertos establecimientos emblemáticos.

En la misma línea, el alcalde de Santiago, Mario Desbordes, cuestionó que estudiantes expulsados vuelvan a ingresar a los mismos recintos o a otros con problemáticas similares, mientras que su par de Ñuñoa, Sebastián Sichel, afirmó que el Estado debe garantizar un proceso efectivo de reubicación.

Por su parte, el subsecretario de Educación, Daniel Rodríguez, aseguró que el Gobierno abordará las observaciones del organismo fiscalizador, considerando además la implementación de la nueva Ley de Convivencia para ajustar los procedimientos a la normativa vigente.