El Ministerio de Hacienda impartió nuevas y estrictas instrucciones a las distintas carteras del gobierno en el marco de la elaboración del Presupuesto 2027, solicitando ajustes significativos en el gasto público y la evaluación de programas vigentes. La medida responde a un escenario de estrechez fiscal que, según la autoridad, obliga a replantear la gestión de los recursos estatales en el mediano plazo.

A través de un oficio enviado el pasado 21 de abril a todos los ministerios, el titular de Hacienda solicitó la formulación del anteproyecto presupuestario junto a una programación financiera para el período 2028-2031, estableciendo un marco plurianual que condiciona la aprobación de nuevas iniciativas a su sostenibilidad financiera.

El documento señala que este nuevo enfoque implica proyectar el gasto público bajo restricciones más estrictas y priorizar el cumplimiento de obligaciones legales y contractuales, limitando la expansión de programas que no cuenten con respaldo presupuestario en el largo plazo.

En ese contexto, Hacienda instruyó a cada ministerio revisar su oferta programática y someterla a procesos de evaluación antes del cierre del diseño presupuestario, cuya fecha límite fue fijada para el 2 de julio. El Gobierno, en tanto, estableció el 10 de septiembre como plazo para aprobar su propuesta final de presupuesto.

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz.

Uno de los casos más relevantes corresponde al Ministerio de Educación, donde se recomendó descontinuar 15 programas, mantener sin observaciones otros 34 y aplicar ajustes presupuestarios a al menos 42 iniciativas. En este último grupo, la instrucción contempla una reducción mínima del 15% en los recursos asignados.

Entre los programas cuya eliminación fue sugerida se encuentran iniciativas vinculadas al apoyo educativo y al acceso a la educación superior, tales como el Programa Nacional de Lectura, el Fondo de Apoyo a la Educación Pública, el sistema de reinserción escolar, el Programa de Alimentación Escolar y el Programa de Acompañamiento y Acceso Efectivo a la Educación Superior (PACE).

Asimismo, el listado incluye becas y programas orientados a la formación docente y al reconocimiento académico, como la Beca de Apoyo Vocación Profesor y la Beca Distinción a las Trayectorias Educativas. Estas iniciativas forman parte de la política educativa destinada a fortalecer el sistema escolar y promover la continuidad de estudios en distintos niveles.

Logo del Ministerio de Educación. Foto: ATON.

En paralelo, otros programas relevantes permanecerían vigentes, pero con ajustes presupuestarios significativos. Entre ellos se encuentran la subvención de gratuidad en educación superior, el Crédito con Aval del Estado, la Beca Indígena y el Fondo para la Reactivación Educativa, todos los cuales deberían reducir su financiamiento en el marco del nuevo escenario fiscal.

La decisión se enmarca en un proceso de ajuste del gasto público que comenzó previamente con la instrucción de recortar en un 3% los presupuestos ministeriales, medida que generó tensiones entre distintas carteras debido al impacto potencial en la continuidad de servicios y políticas públicas.

Desde el gobierno se ha señalado que el objetivo central es asegurar la sostenibilidad fiscal y optimizar la asignación de recursos, priorizando aquellos programas considerados estratégicos o con mayor impacto en la población. Sin embargo, la discusión sobre los eventuales efectos de estos recortes en áreas sensibles, como la educación, ya ha comenzado a generar debate entre autoridades, instituciones y actores del sistema educativo.

El Presupuesto 2027 será el primero elaborado íntegramente por la actual administración y marcará el inicio de una planificación financiera de mediano plazo, que definirá las prioridades de gasto público para los próximos años y orientará el funcionamiento de las políticas estatales en un contexto de restricciones económicas.