El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) presentó su Cuenta Pública 2025 con varios focos sobre la mesa, como la protección de las personas migrantes, una crítica a la Ley Nain Retamal, la urgencia por continuar del Plan Nacional de Búsqueda, también el Programa de Derechos Humanos y la expropiación de la ex Colonia Dignidad. 

En primera instancia, el director de la institución, Yerko Ljubetic, destacó el carácter autónomo y pluralista del INDH, sin embargo, fue enfático en señalar que no por eso se trata de una instancia independiente y que no recibe fiscalización. En esa línea, hizo su primer guiño a las críticas que se realizan al instituto: “Hay quienes han emitido juicios que hacen pensar que nosotros podemos decidir todo a nuestro arbitrio y que no respondemos ante nadie. Eso no es así”. 

En otros juicios que se han emitido hacia el INDH, Ljubetic explicó que los derechos humanos inequívocamente se definen en base a quienes pueden vulnerarlos, o sea, el Estado y sus agentes. Lo anterior, lo vinculó con el tema de la seguridad. “Lo que hace un organismo de derechos humanos no es perseguir el delito común, que rechazamos, por supuesto, (…) sino que el rol de una institución de derechos humanos es velar porque el Estado cumpla con sus labores de persecución criminal”, subrayó. 

Yerko Ljubetic, director de Instituto Nacional de Derechos Humanos. Foto: Dragomir Yankovic/Aton Chile.

“Cuando nos preguntan ‘¿y los derechos humanos de Carabineros?’, por ejemplo. Bueno, nosotros estamos muy pendientes de hacernos cargo de eso, de representar situaciones que significan vulneración de los derechos humanos de quienes integran nuestras Fuerzas Armadas, Fuerzas de Orden por parte del Estado, a través de instrucciones, mal uso de la jerarquía, situaciones abusivas”, explicó en relación a la discusión en materia de seguridad. 

Si bien el director del INDH fue tajante al señalar que velan por tener una buena relación con Carabineros y las policías en general, aseguró que cumplen el rol de ser críticos cuando lo amerita. En ese sentido, mencionó a la Ley Nain Retamal, que fue foco de la polémica por el uso de la fuerza el año pasado.

“Nosotros siempre vamos a tener una mirada crítica sobre aquellas cuestiones que a nuestro juicio no sólo no contribuyen a la eficacia de la acción policial, sino que conspiran contra ellas. En la medida en que a caballo de un sentimiento sobre la seguridad convertido en arma y en propaganda, sobre la cual se insiste, es que se generan condiciones para la presentación y aprobación de proyectos como la Ley Nain Retamal, que es a mi juicio probablemente uno de los atentados más relevantes contra, al menos, la posibilidad de cumplimiento efectivo del mandato del INDH”, señaló. 

Fotografía referencial del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Foto: Javier Salvo/Aton Chile.

En línea con lo anterior, señaló que se trata de “la ampliación de los niveles de impunidad de Carabineros, que puedan, vulnerando sus normas y las normas legales, atentar contra los derechos de otros, no contribuye a la mayor eficacia policial. Uno podría decir que al contrario, para la eficacia policial es clave la legitimidad de la que gocen en la ciudadanía y en la sociedad”. 

“Debemos disponer de mecanismos y procedimientos que aseguren que Carabineros cumpla sus funciones con pleno respeto a los derechos humanos y si hay algo que es exactamente lo contrario, son las disposiciones contenidas en la denominada Ley Nain Retamal, que ya han significado, no sólo en casos presentes, sino que anteriores en virtud del principio penal correspondiente, la afectación de importantes procesos en los que perseguimos las responsabilidades de funcionarios que habían incurrido en graves violaciones de los derechos humanos de otras personas”, finalizó Ljubetic. 

Respecto a temas que han mantenido en alerta a los organismos y agrupaciones que defienden los derechos humanos a nivel nacional, mencionó la demanda por la expropiación de la ex Colonia Dignidad. Además, se refirió a las alertas que han levantado por la importancia de la continuación del Plan Nacional de Búsqueda y el Programa de Derechos Humanos. 

“La puesta en marcha del Plan Nacional de Búsqueda es probablemente una de las iniciativas más relevantes en materia de justicia transicional en el país”, indicó Ljubetic.

Agregó que: “El INDH, a través de su dirección, es parte del Comité de Seguimiento y Participación. Nos hacemos parte de las preocupaciones que hemos expresado en el último tiempo acerca de la eventual discontinuidad del plan. Las autoridades del sector, hay que ser justo en esto, han declarado que eso no va a ocurrir y esperamos que así sea, hay compromisos internacionales del Estado de Chile en esta materia. Confiamos en que esto siga adelante con el mayor apoyo y los recursos que sean necesarios para el cumplimiento de sus funciones”. 

Además, expresó preocupación por los cambios en los criterios del Programa de Derechos Humanos “para concurrir a la vista de recursos en los que criminales de lesa humanidad pretendan gozar de beneficios o excarcelaciones a las que haya que oponerse en virtud de impedir la impunidad en el país”.

“Se nos ha planteado que no hay tal cambio de criterios, tenemos reuniones precisamente con el ministro y el subsecretario y esperamos que esto sea efectivamente así, y que ese programa siga cumpliendo con sus importantes funciones”, enfatizó.

En relación al trabajo del Instituto Nacional de Derechos Humanos durante el 2025, el director del organismo expuso que se realizaron 11 mil 962 atenciones a la ciudadanía, 12% más que en 2024. El 13% de las personas que recibieron esta atención fueron migrantes y 86,6% chilenas. 

En cuanto a la última cifra, Ljubetic manifestó que, dados los “intentos permanentes de identificar la migración con la delincuencia y la inseguridad”, lo que deriva en propuestas e iniciativas “tremendamente inhumanas”, es probable que las atenciones a la población migrante aumenten.