Chile construyó durante décadas un andamiaje institucional y pedagógico para la primera infancia que incluye la creación de JUNJI (1970), la consolidación de INTEGRA, las Bases Curriculares de Educación Parvularia (primera versión 2001, actualización 2018), la Ley de Inclusión (Ley 20.845, 2015), la Ley de Educación Parvularia, que creó la Subsecretaría de Educación Parvularia (Ley 21.753, 2025), y el Sistema de Acreditación de calidad para el nivel. Todo ello supuso décadas de argumentación, investigación y movilizaciones para instalar la convicción de que los primeros años de vida son fundamentales en términos de desarrollo y aprendizajes y que el Estado tiene una responsabilidad ineludible en ese período.

El Oficio Circular N°16 del Ministerio de Hacienda, divulgado recientemente, no desconoce nada de eso en lo formal, pero lo vacía de contenido al someterlo a una lógica de eficiencia que no distingue entre gasto discrecional y gasto en derechos. Desde esta perspectiva, el riesgo no es solo presupuestario: es epistemológico. Se instala la idea de que la educación de la primera infancia es un servicio optimizable, y no un derecho cuya garantía es condición de justicia social, en contra de lo consagrado en la Ley General de Educación en su artículo cuarto, donde se proclama que la educación es un derecho de todas las personas y en contra de la Convención de los Derechos de Niños y Niñas, a la que Chile suscribe y se compromete a garantizar el derecho a desarrollarse en un contexto de bienestar social, físico y emocional.

María Victoria Peralta, Premio Nacional de Educación, ha sostenido consistentemente que la calidad en educación parvularia no es separable del financiamiento sostenido, de la formación especializada y de la intencionalidad pedagógica del Estado. Un recorte estructural, como el propuesto en la circular, no es un ajuste técnico: es una decisión sobre qué generación importa y cuánto.

Las decisiones sobre educación son siempre decisiones políticas: qué tipo de ciudadanía se forma y a quiénes se reconoce como sujetos con futuro. La racionalidad neoliberal que atravesamos opera reduciendo la educación a lo que Alejandra Falabella denomina como performatividad, con resultados verificables y desplazando la pregunta pedagógica ¿qué tipo de experiencia formativa necesita un niño o niña? por la pregunta gerencial: ¿cuánto cuesta y cómo se puede hacer con menos?

Giroux advierte que cuando el lenguaje de gestión coloniza la política educativa, los más afectados son siempre los sectores que dependen del Estado. La discontinuación del Jardín Infantil Transitorio-Estacional, por ejemplo, afecta directamente a familias rurales y que dependen del trabajo de temporada, es decir, a quienes no tienen alternativas privadas. Esto no es un dato técnico neutro: es una decisión sobre quiénes quedan fuera del proyecto educativo nacional.

La injusticia no es solo distributiva -quién recibe qué recursos- sino también normativa: quién es reconocido como sujeto con necesidades legítimas que el Estado tiene la obligación de atender. La invisibilidad de las personas y, en específico, de las infancias en el lenguaje del documento (que en ningún momento refiere a niñas y niños como sujetos de derecho) es una forma de no-reconocimiento institucional.

Desde esta perspectiva, los recortes a JUNJI y a la Subsecretaría de Educación Parvularia no son solo reducciones presupuestarias: son actos de exclusión de las necesidades de las infancias y sus familias como demandas legítimas. Instalan implícitamente que la experiencia educativa de un niño o niña en un jardín infantil transitorio o en un programa alternativo de atención no constituye una demanda de justicia que el Estado deba honrar prioritariamente frente a las metas de convergencia fiscal. Para Honneth, la dimensión de la lucha por el reconocimiento subyace aquí: las comunidades educativas, las familias y educadoras han construido durante décadas un reconocimiento social de la Educación Parvularia como campo profesional y como derecho. Los ajustes presupuestarios y las discontinuidades abordadas en la circular amenazan ese reconocimiento al tratarlo como oferta programática condicionada.

El desarrollo humano no es principalmente cognitivo ni económico: es relacional y emocional. Los primeros años de vida son constitutivos del ser humano no porque se “aprendan contenidos”, sino porque se vive o no se vive en ambientes de acogida, ternura y seguridad que forman la base desde la que una persona puede crecer como ser social, según Humberto Maturana.

Reducir o eliminar los jardines infantiles y programas de atención temprana no es solo un recorte educativo: es una decisión que priva a niñas y niños de las condiciones biológicas y relacionales necesarias para su constitución como seres humanos plenos. Educadoras y educadores de párvulos no son proveedores de un servicio de cuidado: son parte del entramado relacional que hace posible el desarrollo. Esto no es compatible con la lógica empresarial de eficiencia que propone el Gobierno.

Al parecer, en la educación parvularia se está reemplazando la disciplina por la autoexplotación interna: la productividad es la que importa. La infancia es radicalmente incompatible con esa lógica. Un niño o niña de dos años no rinde, no produce, no es evaluable en términos de resultados de corto plazo. La pregunta es ¿qué queda de la infancia en una política pública que solo valora lo que puede medirse y optimizarse? La respuesta es preocupante: la infancia queda como un “resto”, como aquello que no entra en la gramática del rendimiento y que, por lo tanto, es susceptible de ser recortado.

La obsesión por el accountability y la lógica libremercadista de máximo rendimiento a menor costo puede destruir precisamente lo que hace valiosa la educación parvularia: el vínculo, la exploración, el juego libre, la escucha. Esas dimensiones no producen indicadores limpios. No es un descuido: es una arquitectura de decisiones que, bajo el nombre de responsabilidad fiscal, desplaza la responsabilidad política hacia las generaciones más vulnerables y más incapaces de resistir o protestar. En palabras de María Victoria Peralta, se pierde calidad pedagógica construida con esfuerzo.

Finalmente, es necesario nombrar algo que va más allá del ajuste presupuestario y de programas en concreto: lo que está en riesgo es la institucionalidad articulada y construida a pulso por todo un país. Las modalidades no convencionales no son solo presupuesto: son equipos profesionales formados para trabajar en contextos complejos, son redes comunitarias construidas durante años, son materiales pedagógicos adaptados a realidades locales, son educadoras que conocen a las familias, son confianzas ganadas en comunidades que históricamente han desconfiado del Estado. Cuando se recorta un 15% el presupuesto de estos programas o se descontinúa uno de ellos, esa institucionalidad no se congela: se deshace. Los equipos se dispersan, los vínculos comunitarios se interrumpen, la confianza construida se erosiona.

Una de las debilidades históricas del sistema chileno ha sido la discontinuidad de las políticas de primera infancia y su alta dependencia de los ciclos políticos y presupuestarios, puesto que aún no se ha encontrado un equilibrio entre el ideal de equidad planteado por el espíritu de la normativa institucional y las necesidades del libre mercado, que poseen su propio ritmo, lenguaje y prioridades. Es urgente centrar el foco en el bienestar de las personas desde el inicio de las trayectorias vitales, no solo más allá del gobierno de turno, sino como una política de Estado que vele por el desarrollo pleno de su ciudadanía.

La Educación Parvularia no es un lujo prescindible en tiempos de estrechez: es precisamente en esos tiempos cuando más necesaria se vuelve, porque es el único soporte institucional que tienen miles de niñas y niños cuyas familias no tienen alternativas privadas ni red de contención fuera del Estado.

Un oficio circular no puede ni debe desarticular un sistema que se ha construido y afianzado en las últimas décadas. Lo que está en juego es algo más urgente: un niño o niña de dos años no sabe lo que es un ajuste fiscal. Solo sabe si hay alguien que lo acoge, que lo alimenta, que lo escucha, que lo hace sentir seguro. Eso es lo que se recorta en la educación parvularia: no una línea de presupuesto, sino una promesa que el país hizo y que hoy amenaza con romper.

Lo que está en peligro de deshacerse hoy no se reconstituye con el próximo presupuesto ni con la próxima administración. Chile tiene la oportunidad de decidir que el bienestar y desarrollo pleno de la infancia no es una variable de ajuste sino una política de Estado. Cuando el Estado recorta a quienes no pueden protestar, la responsabilidad de alzar la voz recae en quienes sí pueden. La pregunta no es si Chile puede permitirse sostener la educación parvularia. La pregunta es si podemos permitirnos no hacerlo. La historia juzgará si la decisión tomada estuvo a la altura.