Es a través del Decreto N°331 del Ministerio de Hacienda que se impone una rebaja del 47% para el presupuesto 2026 del Instituto Nacional de la Juventud (Injuv). El recorte equivale a más de $3.859 millones, trae consigo el despido del 75% de la planta del organismo público para el próximo 31 de mayo. Además, el debilitamiento del organismo afecta 3 millones 800 mil jóvenes.
Trabajadores y trabajadoras del instituto, junto a organizaciones gremiales, acudieron a la Contraloría General de la República y presentaron un requerimiento para que se revise la legalidad de esta decisión, que de hecho es solo una parte del recorte de $32 mil millones que impacta al Ministerio de Desarrollo Social a raíz del Decreto N°331.
“Estos recursos que se están recortando por vía de decreto, le pegan directamente a la línea programática del servicio. Programas como Compromiso Joven, que atiende a más de 71 municipios con convenio, no va a poder seguir activado en el territorio; el programa Hablemos de Todo, que atiende a más de 9 mil jóvenes con problemas de salud física y mental, está siendo cortado, lo cual implica que el Estado no va a tener un programa que tenga que ver con la prevención del suicidio adolescente”, advirtió el presidente de Asociación de Funcionarios del INJUV (AFINJUV), Yuksu Ramos.
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Además, advirtió que: “El INJUV tiene sus recursos asegurados hasta el 31 de diciembre de 2026 por ley de presupuesto, esto fue un mandato del legislador, por tanto, a través de un decreto están cortando recursos que el mismo parlamento autorizó”.
“Es tremendamente nocivo, es tremendamente delicado que comencemos a gobernar por decreto, por tanto, esperamos que la Contralora o quienes revisen esta presentación esten a la altura de lo que Chile merece”, finalizó el dirigente.
Son más de 130 los trabajadores y trabajadoras a nivel nacional que se verán afectados, según indicó la misma AFINJUV. “Creemos que esta medida significa un cierre anticipado de la única institución del Estado con enfoque en las juventudes del país”, señalaron en un comunicado.
“Si bien se debe elaborar un plan de rediseño institucional de cara al presupuesto 2027, solicitado a través de una indicación en la glosa presupuestaria del 2026, el actual Gobierno está cerrando la institución antes de rediseñar”, agregaron los funcionarios y llamaron al Ejecutivo a reconsiderar la decisión.
Logo del Instituto Nacional de la Juventud (Injuv).
Por su parte, desde la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF) indicaron que esto constituye una “clausura encubierta”. “Los servicios públicos se crean y eliminan por ley orgánica, tras el debate y la resolución democrática en el Congreso Nacional (art. 9 N°6 Constitución Política). El Ejecutivo no puede clausurar el INJUV ni suprimir sus plantas y estructura orgánica por decreto presupuestario, vulnerando el principio de legalidad estatal y el mandato constitucional de continuidad institucional”, expusieron en un declaración pública.
En la entrega de este requerimiento a la Contraloría, el presidente de la ANEF, José Pérez Debelli, señaló que “cualquier modificación estructural, cualquier modificación presupuestaria, tiene que ser conversada con las organizaciones sindicales y también, por supuesto, con la ANEF”.
“Es categórico nuestro rechazo a ese decreto, y tiene que ser conversado. Dialoguemos con quienes ejecutamos las políticas públicas, quienes somos trabajadores y trabajadoras del Estado de Chile”, subrayó.
En esa línea, anunció que la ANEF concurrirá al Congreso Nacional para exigir su apoyo a la “buena gestión pública”. Pérez Debelli enfatizó que la agrupación está disponible para revisar los programas sociales y “construir un nuevo diseño moderno de gestión pública”.
