En la brillante presentación ante la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) como una de las candidatas mejor aspectada para dirigirla (apoyada por Brasil y México y una constelación de otros países), la ex presidente Bachelet dio una nítida semblanza de los urgentes desafíos que tiene la organización para adaptarse, mediante el diálogo y el consenso (Art. 33 de la Carta), a un mundo desafiante muy distinto al de su creación en 1945.

Es claro que hoy se han profundizado las tendencias negativas y las divisiones profundas y persistentes (clivajes) entre países o grupos de países dentro del sistema internacional. Estas fracturas, divisiones y amenazas reflejan diferencias estructurales (económicas, políticas, ideológicas y/o culturales/religiosas) que influyen en la cooperación y el conflicto global. Ya en la Conferencia de Seguridad de Múnich (02/2024), el secretario general de la ONU, António Guterres, advirtió que “la comunidad mundial está más fragmentada y dividida que en cualquier otro momento de los últimos 75 años. Incluso la era de la Guerra Fría fue (…) menos peligrosa. Las mentalidades de suma cero significan que todo el mundo puede obtener cero”. Ante ello, reiteró que “necesitamos fortalecer y renovar los marcos globales de paz y seguridad para hacer frente a las complejidades del mundo multipolar competitivo de hoy”.

El siglo XXI ha develado una aceleración de la competencia estratégica por la hegemonía global entre Estados Unidos y China, con un fuerte impacto geopolítico a través de alianzas militares viejas y nuevas (incluso algunas flexibles) y una dinamización del conflicto en todas las áreas con carrera armamentista incluida, todo en desmedro del desarrollo y la cooperación. Hemos entrado de lleno a un escenario de guerras (Gaza, Sudán, Ucrania, Irán, El Líbano y muchas otras) y de conflictos de tolerancias entre las potencias (una suerte de Guerra Fría 2.0) en un sistema de multipolaridad competitiva, donde se testean todos los límites en directo y/o en teatros proxy (delegadamente) o en escenarios de guerra globales segmentadas (se desarrollan en escenarios locales o regionales, pero con implicación global).

Dinamizado directamente por liderazgos populista autoritarios (iliberales de ultraderecha en su mayoría) en las principales potencias, este escenario ha impactado negativamente en una descomposición e ineficiencia de los sistemas de seguridad y gobernanza global, en esos mecanismos del mundo kantiano (idealismo civilizatorio) como el multilateralismo, el derecho internacional y humanitario, en los mecanismos de solución pacífica, teniendo como resultandos diversas perma y policrisis, con genocidios incluidos como los de Gaza, El Líbano o Sudán o de efectos duraderos vitales para la vida como el calentamiento global.

En la Carta de la ONU se encuentran claros sus principios y objetivos, como, por ejemplo, “Mantener la paz y la seguridad internacional, y con tal fin: tomar medidas colectivas eficaces para prevenir y eliminar amenazas a la paz, y para suprimir actos de agresión u otros quebrantamientos de la paz…” (Art. 1, N°1). Se menciona que “la Organización está basada en el principio de la igualdad soberana de todos sus miembros” (Art. 2, N°1). Y que (Art. 2, N°4) “los miembros, en sus relaciones (…) se abstendrán de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia (…) de cualquier Estado…”

Si bien se ha moralizado mucho en la narrativa global sobre estos principios y funcionarios de la ONU y de otras organizaciones internacionales han hecho enormes esfuerzos por consolidarlos, ese orden idealista no funciona como debe y pierde legitimidad diariamente al no lograr la necesaria “libertad frente a la miseria”, como se constata con las enormes desigualdades, pobreza, exclusión y crisis sociales/humanitarias, como tampoco en la “libertad frente al miedo” de la guerra, la agresión y la violencia u otros males, al aplicarse estas reglas a unos y a otros no, parafraseando al expresidente Franklin Delano Roosevelt.

En virtud del Capítulo VII de la Carta, es el Consejo de Seguridad el único órgano de la ONU que detenta la capacidad de decidir y ejecutar acciones para el restablecimiento de la paz y seguridad que impliquen o no el uso de la fuerza. Sin embargo, desde su creación y baipaseando el propio sentido de la Carta, los países con derecho a veto (P-5) han usado (y abusado) de las reglas como un menú que eligen a su antojo: se actúa según de quién se trate y la coyuntura del momento: por ejemplo, se vigila y sanciona el desarrollo nuclear de Irán, pero no el de Israel (un país que ha violado múltiples reglas del derechos internacional y humanitario). Es decir, no hay regla pareja y es el poder crudo y duro el que determina a pesar de lo que expresa Eric Hobsbawm, en cuanto a que “una sola superpotencia no puede compensar la ausencia de autoridades globales, máxime ante la falta de convenciones (reglas) lo suficientemente vinculantes como para que los principales Estados se sometan a ellas”.

A pesar de que la Carta aboga por cumplir las obligaciones de buena fe, los P-5 han usado más de 300 veces el derecho a veto desde 1945, con el objetivo de neutralizar resoluciones del propio Consejo (15 miembros) o de la mayoría mundial representada en la Asamblea General. Tirana Hassan de Amnistía Internacional, dice que cada vez que “Rusia, China y EE.UU. continúan usando indebidamente su derecho de veto para bloquear proyectos que tienen por objeto prevenir o poner fin a atrocidades (…) ponen en peligro la vida”, debilitan la gobernanza mundial al paralizar el sistema de seguridad colectiva.

Si bien existen límites jurídicos a los poderes del Consejo que emanan de la naturaleza de organización misma, estos son mínimos y son pocas las posibilidades de desafiar el realismo del poder duro. Así, entonces, cuando se viola el derecho internacional y/o se impone por la “fuerza” una conducta (por ejemplo, desde 1991 al 2022, EE.UU. ha bloqueado más de 15 resoluciones relacionadas con la ocupación israelí de Palestina), se rompe el consenso y la legitimidad básica que debe guiar la conducta de los Estados miembros.

Es claro, entonces, que el Consejo de Seguridad tiene problemas de efectividad y legitimidad, como lo ha expresado el director del programa de la ONU, International Crisis Group, Richard Gowan. No representa al mundo de hoy, ni siquiera a la mitad que supuestamente representó durante la Guerra Fría. Por ejemplo: la Asamblea General aprobó, a fines de 2023, por 31º año consecutivo y por abrumadora mayoría, condenar el bloqueo económico de EE.UU. a Cuba (187 votaron a favor, EE.UU. e Israel en contra y la abstención de Ucrania), pero el bloqueo continúa y se ha acentuado con un bloqueo naval, al no ser vinculante. Ante esta realidad, Gro Harlem Brundtland, ex primera ministra de Noruega, dijo hace casi una década que “ya ha pasado toda una generación desde el fin de la Guerra Fría y (…) es momento de que la ONU aborde estas cuestiones pendientes… (como) cambiar la hermética composición del Consejo de Seguridad (…). La ONU debe mostrarse suficientemente madura y responsable para emprender las profundas reformas que pueden garantizar su eficacia a largo plazo”.

Esta realidad de desfase entre principios y práctica (como se demuestra en la invasión trasgresora de Rusia a Ucrania) y la necesidad de reformar el Consejo de Seguridad (un club anquilosado e inamovible que incluye también a Francia y Reino Unido), ya se verbalizó en la agenda de la Asamblea General de 1979. Sin embargo, el impulso más creíble se dio en 2004 de la mano del exsecretario general, Kofi Annan, donde se presentó el informe de 101 propuestas titulado “Un mundo más seguro: la responsabilidad que compartimos”. Si bien fue considerado uno de los proyectos más exhaustivos para introducir cambios en el Consejo y, desde entonces, se han logrado importantes cambios como la creación de la “Peacebuilding Commission”, su reforma quedó sin conclusión y el derecho a veto quedó vigente.

En un acto de rebelión democratizadora, la Asamblea General (la voz de la mayoría de los países) adoptó por consenso una resolución que pretende domar el uso del veto en el Consejo (04/2024). El texto señala que la Asamblea convocará una sesión cada vez que un Estado ejerza su derecho a veto para debatir sobre este y de las acciones necesarias si el Consejo está bloqueado. Así, por ejemplo, ante la revocatoria de visado para la Autoridad Palestina y su delegación por parte de EE.UU. (contraviniendo la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados), la Asamblea General votó una resolución (145 votos a favor, 5 en contra y 6 abstenciones) para que Mahmud Abás se dirigiese a ella a través de una videoconferencia.

El abanico de reformas debe ser amplio para dar respuestas a desafíos complejos y cambiantes y a las acciones discrecionales de los poderosos. Uno de los principales puntos de debate es la reforma del Consejo de Seguridad, cuya estructura actual es considerada poco representativa. La existencia de solo cinco miembros permanentes con poder de veto refleja el equilibrio de poder realista de la posguerra y no al del siglo XXI. Por lo mismo, las reformas deben apuntar a que se escuche sin más a todos aquellos afectados por sus decisiones; demandar una composición más representativa de éste; limitar el poder de veto y/o poner más condiciones para él (o simplemente acabar con él); y permitir a la Asamblea un tipo de votación por mayoría calificada para superar el veto (ampliar las facultades de la Asamblea General como asamblea legislativa). La idea fuerza es limitar y/o terminar con el uso del veto para evitar bloqueos en decisiones clave (terminar con la asimetría decisional).

Otro aspecto importante es la necesidad de mejorar la eficacia de la organización. La ONU suele ser percibida como una institución burocrática y lenta en la toma de decisiones, lo que dificulta su capacidad de respuesta ante crisis internacionales. En este sentido, se plantean reformas orientadas a simplificar procesos, reducir la duplicación de funciones entre sus agencias y fortalecer la coordinación interna, con el fin de lograr acciones más rápidas y efectivas para este mundo de cambio dinámicos y complejos de la Inteligencia Artificial (IA). Esta mayor efectividad y coherencia (desburocratización), también exige cambiar normas que permitan limitar y/o congelar la participación de aquellos países que violan sus principios. Hoy hay países miembros del Consejo de Derechos Humanos que los violan sistemáticamente: eso no puede ser (es necesaria la coherencia valórica y de acción).

El financiamiento es otro desafío relevante. La ONU depende básicamente de las contribuciones de los Estados miembros, lo que puede generar desigualdades, influencias y condicionamientos. Por esta razón, se propone establecer un sistema de financiamiento más equitativo, transparente y estable (incluso con canales propios que renten), que permita a la organización actuar con mayor independencia y previsibilidad. La idea es buscar ecuaciones para tener mayor autonomía económica estratégica y evitar decisiones arbitrarias que restrinjan programas como el de UNRAW por presiones de Israel y EE.UU. o cualquier otro que inoportune a países que rompan los principios de la Carta.

En el ámbito de la paz y la seguridad internacional, es necesario fortalecer las acciones preventivas, así como fortalecer las misiones de mantenimiento de la paz mediante mandatos más claros, mejor preparación del personal y mecanismos de rendición de cuentas (control) más eficientes. Esto implica capacidades, objetivos y estrategias de entrada y salida claras, y dejar al país en cuestión al menos encaminado en el peacebuilding (condiciones sostenibles para una paz duradera después de conflictos violentos en temas como desigualdades, tensiones sociales, debilidad institucional o falta de justicia), mediante acciones democratizadoras como el fortalecimiento de instituciones, la promoción de los derechos humanos, la reconciliación entre comunidades y un desarrollo económico inclusivo.

Finalmente, la ONU necesita adaptarse a los desafíos globales contemporáneos, como el cambio climático, las pandemias, la ciberseguridad, la migración o la IA. Esto implica no solo modernizar sus estructuras, sino también aumentar su legitimidad mediante una mayor inclusión de países en desarrollo y actores no estatales, además de revitalizar propuestas estratégicas vitales como la Agenda 2030 y conceptos como cooperación al desarrollo.

Sea la expresidenta Michelle Bachelet, el candidato argentino Rafael Grossi (y de Milei), Rebeca Grynspan de Costa Rica o Macky Sall de Senegal (presentado por Burundi), deberán preocuparse de estas y otras reformas para que la organización sea más representativa, eficaz y capaz de responder a las complejidades e incertidumbres y garantizar una paz duradera.