El Gobierno de Chile ha descartado de manera definitiva la revocación de la concesión de Enel en la Región Metropolitana. La decisión se basa en las conclusiones de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), que determinó que la compañía mantuvo sus estándares de calidad del suministro en el periodo comprendido entre los años 2019 y 2025.

Con esta resolución, el Ministerio de Energía da por finalizado el proceso administrativo de caducidad que se originó en agosto de 2024. En aquel entonces, un sistema frontal provocó cortes de luz prolongados que dejaron a miles de hogares sin suministro hasta por una semana, lo que motivó la apertura del expediente bajo el gobierno anterior.

El Ministerio de Energía fundamentó su determinación de mantener la concesión en un informe técnico exhaustivo remitido por la SEC el pasado 29 de abril. Este análisis evaluó en detalle la calidad comercial, de producto y de suministro de la eléctrica, concluyendo que la empresa se mantuvo dentro de las exigencias legales y reglamentarias vigentes durante todo el sexenio analizado.

A pesar de esta resolución, cabe recordar que Enel ha enfrentado sanciones económicas significativas a raíz de los masivos cortes de suministro registrados en 2024. En enero de 2025, la SEC sancionó a la firma con una multa histórica de 280.000 UTM, equivalentes a unos 18.880 millones de pesos, tras comprobar que la empresa incumplió la normativa eléctrica. Adicionalmente, la compañía recibió otras multas por las afectaciones sufridas por pacientes electrodependientes y debió acogerse a planes de compensación acordados con el Sernac.

El Ministerio enfatizó que, tras un análisis jurídico basado en los antecedentes técnicos, no se configura la causal legal necesaria para proceder con la caducidad. Incluso si los tribunales de justicia llegaran a acoger la tesis de “fuerza mayor” que alega la empresa en procesos judiciales paralelos, la cartera aseguró que la conclusión administrativa de mantener la concesión permanecería inalterada.

“El informe técnico de la SEC permite concluir que no se cumplen las condiciones para proceder a la caducidad”, sentenció el organismo, cerrando así un capítulo de alta tensión política y ciudadana que marcó la agenda energética del país en este 2026.