La Comunidad Palestina de Chile emitió una dura declaración pública este viernes, manifestando su profundo malestar ante la postura adoptada por el Gobierno de José Antonio Kast frente al caso de Macarena Chahuán. La activista nacional fue interceptada en aguas internacionales mientras participaba en la Flotilla Global Sumud, una misión civil que buscaba trasladar ayuda humanitaria hacia la Franja de Gaza.

Para la organización, los hechos no constituyen un simple procedimiento administrativo, sino un “secuestro ilegal y arbitrario” que representa una vulneración flagrante del derecho internacional. En este sentido, criticaron que el pronunciamiento de la Cancillería chilena carezca de una exigencia explícita de liberación para la connacional.

La comunidad señaló que la respuesta del Ejecutivo no está a la altura de las circunstancias y contrasta negativamente con la firmeza mostrada por otros Estados ante situaciones similares. En ese sentido, la comunidad sostuvo que existe una insuficiencia de gestiones, argumentando que no basta con el seguimiento consular o las gestiones diplomáticas estándar cuando se vulneran derechos fundamentales.

Ante este escenario, se planteó una exigencia de firmeza bajo la premisa de que el deber del Estado es actuar con determinación y claridad, evitando cualquier tipo de ambigüedad en la defensa de sus ciudadanos. Finalmente, recordaron que la política exterior de Chile ha estado ligada históricamente a la defensa de los derechos humanos, un principio que, según aseguran, debe aplicarse sin excepciones en este caso.

La declaración también incluyó una advertencia sobre la seguridad de otros chilenos que aún se encuentran en naves rumbo al enclave palestino. Según la Comunidad Palestina, de repetirse interceptaciones como la sufrida por Chahuán, la responsabilidad del Estado en la protección de sus nacionales aumentará significativamente.

Finalmente, hicieron un llamado directo a las autoridades para rectificar la postura actual y elevar el tono de la respuesta oficial ante lo que consideran un atropello a la soberanía individual de una ciudadana chilena en este 2026.