Según consignó El Mercurio, citando fuentes de La Moneda, el Presidente José Antonio Kast ha comenzado a materializar uno de sus compromisos de campaña más comentados: la reducción efectiva de sus ingresos como jefe de Estado. Tras recibir su primer sueldo correspondiente al mes de marzo, el mandatario destinó aproximadamente el 20% de dicho monto a tres fundaciones distintas.
Desde el entorno presidencial aseguran que esta acción no es un hecho aislado, sino que se convertirá en una práctica permanente durante todo su periodo de mandato. Para maximizar el impacto de esta medida, existe una lista de organizaciones que irán rotando mes a mes, permitiendo que la ayuda llegue a diversas instituciones de beneficencia, apoyo a familias vulnerables y trabajo comunitario en regiones. Por el momento, los nombres de las tres primeras fundaciones beneficiadas se mantienen en reserva.
La fórmula técnica: donación en lugar de rebaja legal
La decisión de donar parte del sueldo surgió tras un análisis técnico exhaustivo sobre cómo implementar una reducción en la remuneración presidencial sin vulnerar la normativa vigente. En este sentido, fuentes cercanas explicaron que existe un impedimento legal, ya que el Presidente no puede percibir una remuneración menor a la establecida por ley para el cargo.
Debido a lo anterior, se analizó la opción de una modificación legal para reducir formalmente el sueldo, pero esta fue finalmente descartada. La razón principal fue que dicho cambio requería reformas constitucionales que afectarían de manera permanente a futuros mandatarios. Ante este escenario, José Antonio Kast ha insistido en que, dada la compleja situación económica de las familias chilenas, resulta fundamental que su administración entregue señales claras de austeridad desde el inicio.
El propio mandatario ya había adelantado esta intención el pasado 31 de marzo durante una entrevista con Archi, donde señaló que su estrategia para concretar la merma en sus ingresos sería de carácter “estructural” una vez que recibiera su primera liquidación. Con este paso, el Ejecutivo busca dar por cerrada la discusión sobre el cumplimiento de esta promesa electoral en este 2026.
