Agenda Derechos Humanos es un espacio destinado a dar seguimiento a los temas de derechos humanos que son relevantes para Chile. Este proyecto de la Cátedra de Derechos Humanos de la VEXCOM y Radio Universidad de Chile intercala sesiones mensuales a través de la radio (último lunes de cada mes a las 09:30 hrs.) y columnas de opinión como la que usted tiene a la vista en estos momentos, publicadas en la página web de Radio Universidad de Chile y que cuenta con su propio micrositio.
En esta entrega de Agenda Derechos Humanos abordaremos los dos grandes informes internacionales de derechos humanos publicados en esta época del año: el Informe Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Informe 2025/26 de Amnistía Internacional. Ambos documentos ofrecen un diagnóstico sobre la situación de los derechos humanos en la región y en Chile que merece ser leído con atención, especialmente en el contexto político que atravesamos.
El Informe de la CIDH: avances chilenos en un continente en retroceso
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos presenta su informe anual en un momento de erosión democrática generalizada en América Latina. El diagnóstico regional es preocupante: auge de regímenes autoritarios que persiguen la disidencia y un crecimiento en la violencia contra defensores/as de derechos humanos; aumento en los discursos de odio y el negacionismo; persistencia de la corrupción y captura de áreas relevantes por el narcotráfico y criminalidad organizada; impacto desproporcionado de la crisis climática sobre los grupos más vulnerables, y ataques sistemáticos a los derechos de mujeres y personas LGTBIQ+.
En ese contexto, el informe registra para Chile avances que es justo reconocer. Destaca los progresos en 2025 en el caso Huenteao Beroiza sobre restitución de tierras y participación indígena; el proceso de fortalecimiento del Instituto Nacional de Derechos Humanos; la activación del Mecanismo Especial de Seguimiento para Chile (MESECH); y, de manera especial, la puesta en marcha del Plan Nacional de Búsqueda de detenidos desaparecidos, junto al mapa georreferenciado de víctimas y la protección de sitios de memoria como la ex Colonia Dignidad.
En materia de memoria, el informe destaca la creación de la Unidad de Sitios de Memoria, la declaración de 15 nuevos sitios como monumentos históricos, la instalación de 22 placas identificatorias en todo el país, la aprobación de la expropiación de terrenos de la ex Colonia Dignidad, y la entrega del inmueble de la ex Venda Sexy a una agrupación de víctimas. Se trata de un conjunto significativo de políticas públicas construidas en los últimos años y que hoy están en serio riesgo.
En cuanto a justicia, el informe destaca que la Corte Suprema realizó una audiencia inédita para discutir la aplicación de la media prescripción en causas de derechos humanos, en el marco del cumplimiento del fallo Vega González y otros vs. Chile de la Corte Interamericana. Luego de esta audiencia se dictó una sentencia donde la Corte Suprema da cumplimiento a lo ordenado por la Corte Interamericana y sube las penas en casos de graves violaciones de derechos humanos, impidiendo que la impunidad se concrete en estos casos.
Sin embargo, la CIDH también registra preocupaciones importantes. En materia de seguridad ciudadana, la Comisión alerta sobre episodios de uso excesivo de la fuerza en el control de protestas. El estado de excepción en la macrozona sur, vigente desde mayo de 2022, continúa prorrogándose. Y en materia de personas privadas de libertad, los datos son alarmantes: 61.706 personas privadas de libertad con una tasa de hacinamiento del 45,5%, con centros como el CDP “Tal Tal” ocupado en un 381,3% de su capacidad.
Finalmente, debemos advertir que la sostenibilidad de los avances, particularmente del Plan Nacional de Búsqueda, enfrenta una grave fragilidad jurídica al sustentarse meramente en un decreto presidencial y no en una ley, lo que lo deja vulnerable ante la voluntad del gobierno de turno y el riesgo de desmantelamiento presupuestario. Esta incertidumbre se ve agravada por la remoción de equipos técnicos bajo criterios de “exclusiva confianza”, una medida que sacrifica la memoria institucional acumulada y profundiza la fractura con las organizaciones de familiares. En un contexto donde el negacionismo se ha institucionalizado, estas acciones no solo debilitan las políticas de reparación, sino que nos enfrentan al riesgo inminente de una impunidad biológica, donde el paso del tiempo se convierte en el último mecanismo para extinguir la responsabilidad del Estado y el derecho a la verdad de las familias
El Informe de Amnistía Internacional: una radiografía que incomoda
El Informe 2025/26 de Amnistía Internacional ofrece un cuadro más crudo y, en varios aspectos, más perturbador. A nivel global, la organización denuncia crímenes de derecho internacional en Gaza, Ucrania, Myanmar y Sudán, y advierte sobre el debilitamiento del sistema internacional y en particular de la Corte Penal Internacional por parte de potencias que buscan blindar a sus aliados de la rendición de cuentas. Asimismo, destaca a la discriminación, la tecnología y la crisis climática como amenazas centrales para los derechos humanos. En nuestra región, registra niveles alarmantes de femicidios, criminalización de pueblos indígenas y políticas migratorias de carácter discriminatorio.
Sobre Chile, el informe concentra sus hallazgos más graves en la rendición de cuentas por las violaciones cometidas durante el estallido social de 2019. Las cifras hablan por sí solas: de las más de 11.500 denuncias presentadas, menos del 2% ha llegado a una sentencia condenatoria. En marzo de 2025, el Ministerio Público decidió no perseverar en más de 1.500 causas vinculadas a esos hechos. Y la Ley Naín-Retamal, según documenta el informe, ha operado en la práctica como un mecanismo de blindaje para agentes del Estado, siendo la absolución del oficial Claudio Crespo en el caso de Gustavo Gatica el ejemplo más emblemático de esa disfunción.
El informe también documenta el suicidio de al menos seis víctimas de violencia institucional desde 2019, incluyendo el caso de David Gómez en septiembre de 2025. Son datos que no pueden reducirse a estadísticas: detrás de cada uno hay una persona y una familia que llevan años esperando justicia y un Estado que ha sido negligente en materia de reparación integral.
En materia de violencia de género, el informe registra 444 femicidios consumados, frustrados o intentados solo en 2025. Y respecto de los pueblos indígenas, la criminalización de comunidades mapuche-williches que defienden su territorio frente a proyectos extractivos sigue siendo una realidad sistemática, con casos de detenciones arbitrarias documentadas y amenazas a líderes como Miguel Raín.
Las señales de la nueva administración: lo que los informes ya advierten
Hay un elemento de ambos informes que adquiere particular relevancia en el contexto político actual. Así, el anuncio de indultos a agentes del Estado condenados por delitos cometidos durante el estallido social es calificado expresamente por Amnistía Internacional como una señal grave de impunidad. La organización advierte también sobre el riesgo de retrocesos en derechos de las mujeres, personas LGTBIQ+ y estándares ambientales.
Debemos recordar que estos informes cumplen un importante rol para la discusión y la toma de decisiones a nivel nacional. Son el resultado de metodologías rigurosas, de testimonios verificados y de análisis jurídico comparado. Pretender ignorarlos o descartarlos por razones políticas da cuenta de la voluntad de anteponer preferencias ideológicas a las obligaciones internacionales del Estado.
Chile tiene obligaciones internacionales en materia de derechos humanos que no se suspenden por cambios de gobierno. El sistema interamericano y los organismos de tratados de Naciones Unidas, junto a organismos de derechos humanos de la sociedad civil, monitorean estos compromisos de manera continua y sus recomendaciones deben ser tomadas en cuenta por las autoridades. Lo que ambos informes reseñados nos dicen es que ese monitoreo sigue activo, y que las señales que está enviando el nuevo gobierno no pasan inadvertidas.
A qué estar atentos en mayo
La Cátedra de Derechos Humanos de la Universidad de Chile junto al Centro de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la misma Universidad, realizaremos un seminario para analizar en profundidad la sentencia dictada por la Corte Suprema de Chile en enero pasado en cumplimiento del fallo Vega González y otros vs. Chile de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Se trata de un hito relevante en la historia del cumplimiento interno de las sentencias interamericanas, y merece un análisis riguroso. El seminario se realizará el lunes 12 de mayo a las 17:00 hrs. en la Sala Alessandri de la Facultad de Derecho, Pío Nono 1, Providencia. Los detalles se comunicarán oportunamente por los canales de la universidad y la radio.
Estaremos también atentos al desarrollo del debate legislativo, así como a las decisiones que tome el gobierno respecto del financiamiento de los sitios de memoria y el Plan Nacional de Búsqueda. Son materias que seguiremos de cerca en las próximas entregas de Agenda Derechos Humanos.
