En la tercera jornada de formalización, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) reforzó su postura y se sumó a la petición de prisión preventiva para el exdiputado Joaquín Lavín León y su exasesor Arnaldo Domínguez, en línea con lo planteado por la Fiscalía.

Ante la prensa, el abogado del organismo, Rodrigo Álvarez, defendió la necesidad de aplicar la medida cautelar más gravosa. A su juicio, los antecedentes expuestos durante la audiencia dan cuenta de hechos de alta complejidad y con efectos que trascienden el caso puntual.

“Para el Consejo de Defensa del Estado, los hechos que se están investigando y que se están sometiendo a este procedimiento son de extrema gravedad”, afirmó.

El representante del CDE sostuvo que las conductas investigadas generan un impacto que va más allá de lo penal. “Provoca perjuicio, altera el funcionamiento de las instituciones, afecta a la democracia, ensucia el prestigio de las instituciones públicas como el Congreso Nacional, genera mucho daño, es una conducta criminógena muy negativa”, señaló, agregando que esos elementos fueron planteados ante el tribunal para justificar la medida solicitada.

En el 7 Juzgado de Garantía de Santiago, la Fiscalía Metropolitana Oriente formaliza al exdiputado Joaquín Lavín León y otros tres imputados. Diego Martin/Aton Chile.

En esa línea, Álvarez fue enfático al descartar alternativas a la prisión preventiva. “No hay ninguna otra medida cautelar que sea suficiente y que sea proporcional para cautelar los fines del procedimiento y para proteger la seguridad de la sociedad y el éxito de la investigación”, sostuvo.

El Consejo de Defensa del Estado se alineó así con el Ministerio Público, que en la jornada anterior ya había solicitado la misma medida cautelar para Lavín León, quien está imputado por falsificación y uso malicioso de instrumento privado mercantil, fraude al fisco y tráfico de influencias.

El organismo también expuso antecedentes vinculados a un presunto uso de facturas ideológicamente falsas para justificar gastos parlamentarios. A eso se suma el financiamiento de la plataforma Social Task, que —según el CDE— habría tenido un objetivo electoral.

“Nos parece que no es posible discutir que el objetivo de la plataforma era electoral”, afirmó Álvarez. Además, el abogado advirtió sobre el alcance del uso de información asociada a la iniciativa: “La extensión de los datos no se circunscribe al distrito, sino que es a nivel nacional”.

En tanto, el CDE planteó que aún existen diligencias pendientes y que hay riesgos para el desarrollo de la investigación, elementos que —a su juicio— refuerzan la necesidad de que ambos imputados queden sujetos a prisión preventiva mientras avanza el proceso.