El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago decidió acceder a la petición de la Fiscalía Metropolitana Oriente y dejó en prisión preventiva al exdiputado Joaquín Lavín León, imputado por fraude al fisco, tráfico de influencias y uso y falsificación de instrumento privado mercantil.
La determinación del tribunal fue comunicada por el juez Daniel Urrutia, quien sostuvo que la libertad, tanto de Lavín como de su exasesor, Arnaldo Domínguez, quien también quedó en prisión preventiva, constituyen un peligro para la seguridad de la sociedad.
El juez Urrutia aseguró que de ser ciertas las acciones descritas por la Fiscalía, ambos fueron parte de una red de corrupción: “Atendida además, la gravedad de las sanciones probables, la reiteración de los delitos y crímenes que exceden el presidio mayor en su grado mínimo, la libertad de los imputados constituye un peligro para la seguridad de la sociedad y se decreta, a su respecto, la prisión preventiva”.
El juez Daniel Urrutia. Foto: Aton.
Conocida la decisión, el abogado defensor de Lavín, Cristóbal Bonacic, afirmó que “paradojalmente el fallo fue muy bueno para nosotros, porque no se hizo cargo de ninguno de los antecedentes que presentamos”.
“Es un fallo que no responde a lo que se ventiló durante cinco días. Así que, por lo tanto, esto es un tema que no está cerrado. Nos quedan una serie de recursos que se van a presentar y honestamente, por el tenor de la resolución, no me voy con ninguna duda que esto es un tema que el tribunal lo tenía resuelto desde el inicio de la audiencia”, indicó.
En esa misma línea, Bonacic descartó la existencia de una red de corrupción: “No sé cuál sería. Un diputado que hizo una aplicación para poder desarrollar contactos a nivel nacional, para hacer encuestas sobre proyectos de ley, ¿eso es la corrupción? No sé, yo creo que no”.
El abogado defensor de Lavín, Cristóbal Bonacic. Foto: Aton.
Los delitos que se imputan
Según la Fiscalía, Lavín presentó al Congreso Nacional y al Servicio Electoral (Servel) cerca de 200 boletas ideológicamente falsas que provocaron un perjuicio fiscal de al menos $104 millones entre 2015 y 2024, mediante reembolsos por servicios con las empresas Imprenta MMG y Modo 74 SPA.
En esta última empresa Lavín y su exasesor, quien no se presentó a la formalización por encontrarse en el extranjero, formaron el proyecto “SocialTazk”, para el almacenamiento de bases de datos y el envío masivo de mensajes de texto en contextos de campaña política.
La Fiscalía apunta a que la plataforma, financiada a través de recursos públicos, funcionaba sólo para fines electorales, cuestión que es rebatida por la defensa de Lavín, que ha insistido en que era una herramienta para su trabajo parlamentario.
