El abogado y subdirector del Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile, Pietro Sferrazza, considera que a través de varias señales, el Gobierno ha atacado el corazón de las políticas públicas destinadas a las víctimas de la dictadura y sus familiares.

El también académico de la Facultad de Derecho de nuestra casa de estudios reflexionó sobre los hechos que han marcado la agenda en materia de derechos humanos durante los últimos dos meses. Desde el desmantelamiento del equipo del Plan Nacional de Búsqueda, pasando por el freno del Ejecutivo a la expropiación de Colonia Dignidad, hasta la inclusión del Programa de Derechos Humanos en una lista de 142 iniciativas estatales que el Ministerio de Hacienda sugirió descontinuar.

En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, Sferrazza afirmó que se trata de “señales muy preocupantes”, que partieron con la desvinculación de la secretaria ejecutiva del Programa de Derechos Humanos, Paulina Zamorano, de la encargada del área de búsqueda, Magdalena Garcés y de la encargada de archivos, Tamara Lagos.

Aseguró que entiende la necesidad de las administraciones de turno de realizar cambios en los equipos, pero al mismo tiempo, recalcó: “Existe un estándar internacional de que los órganos de derechos humanos tienen que contar con profesionales técnicos, capacitados y con formación en el área”.

“Me parece que esta decisión no es coherente con ese estándar. Hasta donde yo sé, y con todo el respeto que me merece Constanza Garrido, la nueva secretaria ejecutiva, ella no tiene competencias comprobadas en materia de justicia transicional. En cambio, las funcionarias que fueron despedidas vienen de hace tiempo trabajando en el Programa o en materias vinculadas con la justicia transicional y que contaban con la legitimidad de las víctimas”, observó.

El subdirector del Centro de Derechos Humanos también mostró preocupación por la propuesta de Hacienda de descontinuar no solo el Programa de Derechos Humanos, sino que también el Programa de Reparación y Atención en Salud (PRAIS), que desde hace décadas se encarga de entregar prestaciones de salud y apoyo psicosocial a familiares y víctimas de crímenes cometidos en dictadura. A su juicio, se están pasando a llevar las políticas públicas clave destinadas a ese grupo de personas.

“Voy a ser bien drástico y bien enfático en esto: a mí me parece que con esto se ataca el corazón de las políticas públicas de justicia transicional del proceso chileno. En mi opinión, con todos sus defectos, son políticas públicas de las cuales habría que estar orgulloso como ciudadanía y como comunidad política. Desde afuera esto se mira con admiración”, comentó.

Según el abogado, el Estado no solo se encuentra incumpliendo sus obligaciones internacionales, sino que también “se atacan derechos básicos de las víctimas y de los familiares”. “Se ataca el derecho de las víctimas a la reparación integral, al acceso a la justicia, se pone en tensión el derecho a la memoria y el derecho a la verdad”, sostuvo.

Consultado sobre qué tan creíbles son las afirmaciones del ministro de Justicia, Fernando Rabat, de que se continuará tanto con el Plan Nacional de Búsqueda como con el Programa de Derechos Humanos, Sferrazza se mostró escéptico.

Para el experto, “si existe un oficio en el que se da cuenta de una intención de descontinuar estos programas, hay que interpretar, de una manera bastante plausible, que esa es la intención del Gobierno y que obviamente los mensajes del ministro de Justicia o eventualmente del subsecretario de Derechos Humanos, son mensajes para la prensa, para tratar de tranquilizar un poco el ambiente”. “Los hechos hablan por sí solos”, recalcó.

“Lo peor de todo es que a través de estas señales, los familiares, la sociedad civil vinculada con el mundo de la justicia transicional, las víctimas, pierden la confianza en el Estado, una confianza que ha costado mucho tiempo construir”, añadió.

El Programa de Derechos Humanos y una estrategia para conseguir la impunidad

Pietro Sferrazza también se refirió a la historia e importancia del Programa de Derechos Humanos: un órgano estatal que además de ser el ejecutor del Plan Nacional de Búsqueda, ha tenido un rol clave en la búsqueda de justicia de los familiares de detenidos desaparecidos y ejecutados políticos.

El académico de la Universidad de Chile explicó que este programa es una continuación de la Corporación de Reparación y Reconciliación —que a su vez, fue una continuación de la Comisión Rettig— y que si bien, lleva varias décadas representando a las víctimas en tribunales, es desde 2009 que tiene esa facultad y obligación legal.

“Actualmente, el Programa es parte de centenares de procesos judiciales. Es uno de los órganos que ha promovido el acceso a la justicia de las víctimas y junto con los querellantes particulares, ha logrado la sanción de los criminales de la dictadura”, destacó.

Además, Sferrazza recordó que dentro del mandato del Programa está “hacerse parte y realizar todas las diligencias procesales vinculadas con las discusiones sobre sustituciones de pena”.

En ese sentido, apuntó a que sería particularmente grave la instrucción de la nueva jefa del Programa de Derechos Humanos a los abogados del órgano, de que no participen en audiencias donde se discutan rebajas de pena para condenados por violaciones a los derechos humanos. Esto habría ocurrido en los casos de tres agentes de la dictadura: César Manríquez, Héctor Osses y Jorge Mandiola Arredondo.

“En simple, significa que el Programa no está cumpliendo con su marco legal y puede traducirse en que condenados por gravísimos crímenes, pueden llegar a obtener estos beneficios sin oposición procesal, por parte de la entidad que tiene el deber de hacerlo”, detalló el abogado.

El nuevo criterio al interior del Programa de Derechos Humanos ha sido calificado por algunas voces como un “indulto pasivo”, denominación que Sferrazza evitó, argumentando que el indulto presidencial es una figura diferente. De todas maneras, estimó que es una estrategia, “que de una manera más solapada, menos evidente, pretende alcanzar el mismo resultado, que es conseguir la impunidad”.

Reconstruir las confianzas

El subdirector del Centro de Derechos Humanos indicó que para restablecer los lazos entre el Estado y las víctimas es vital que el gobierno del Presidente José Antonio Kast cumpla con sus obligaciones internacionales.

Sin embargo, el experto también afirmó que su impresión “es que las confianzas ya están quebradas, que la sociedad civil ya no confía en el Gobierno, ni el Ministerio de Justicia, ni en la Subsecretaría de Derechos Humanos”.

Lo anterior, a su juicio, “es nefasto porque  las políticas públicas de justicia transicional necesitan contar con la participación de la sociedad civil, de los familiares de las víctimas, y necesitan contar con su legitimidad”. “Esas confianzas costó mucho construirlas, a raíz de un montón de errores en los que incurrió el Estado, desde los errores del patio 29 a la Mesa de Diálogo, para mencionar dos hitos a partir de los cuales poco a poco se fueron construyendo ciertos lazos”, dijo.

Para Sferrazza, “volver a trazar los puentes es muy difícil” y “esa tensión se va a acentuar”, pues la sociedad civil, las víctimas y los familiares “legítimamente tienen todo el derecho a desconfiar”.