El Tribunal Oral en lo Penal de Iquique dictó una sentencia de cuatro años de libertad vigilada contra el exconvencional constitucional, Sebastián Parraguez, tras hallarlo culpable de delitos de abuso sexual contra menores de edad. Los hechos ocurrieron durante el 2024 en la comuna de Alto Hospicio, mientras el sentenciado ejercía funciones como docente de química y biología en el colegio Rupanic School. En una resolución unánime, la magistratura dio por acreditada tanto la existencia de los ilícitos como la participación directa del exconsejero en los ataques denunciados por las víctimas.

La investigación judicial permitió establecer una cronología de abusos que se iniciaron en marzo de 2024 al interior del aula. En dicha ocasión, Parraguez se aprovechó de su autoridad académica para realizar tocamientos en las piernas de una alumna de 15 años.

Meses después, en junio del mismo año, el condenado repitió su conducta durante una salida extraprogramática a un centro comercial en Iquique, donde realizó tocamientos en los glúteos de la joven mientras esta se encontraba distraída frente a una estantería.

Agravantes y estado de las víctimas

El tribunal también corroboró un tercer episodio ocurrido el 17 de junio de 2024 dentro de las dependencias del establecimiento educacional. En esa oportunidad, la víctima fue una estudiante de 17 años, a quien el docente abordó bajo el pretexto de una recriminación por su vestimenta, procediendo a tocar su vientre de manera sorpresiva.

El fallo judicial resalta que las víctimas resultaron severamente afectadas por estas acciones, quedando una de ellas en estado de shock tras el incidente.

A pesar de la gravedad de los hechos acreditados por el Poder Judicial, la justicia determinó que la pena se cumplirá bajo el régimen de libertad vigilada. Esto implica que el exconvencional republicano deberá someterse a un plan de intervención y supervisión por parte de Gendarmería de Chile, evitando la cárcel efectiva siempre que cumpla con las condiciones impuestas por el tribunal.

La sentencia cierra un capítulo complejo para la comunidad educativa de la zona norte, marcando un precedente sobre la responsabilidad penal de figuras públicas en cargos de confianza y formación juvenil.