La Contraloría General de la República determinó que las municipalidades podrán adquirir, de manera excepcional y transitoria, elementos de protección para alcaldes, concejales y funcionarios que hayan sido amenazados y cuenten con medidas de resguardo decretadas por organismos competentes.

A través de un dictamen emitido este martes, el organismo fiscalizador estableció que los municipios tienen facultades legales para comprar implementos destinados a la seguridad personal cuando exista un riesgo asociado al ejercicio de cargos públicos.

El pronunciamiento se basa en las atribuciones municipales en materia de seguridad pública comunal y en la obligación de alcaldes y jefaturas de garantizar condiciones adecuadas para el desempeño de autoridades y funcionarios.

La CGR precisó que la entrega de estos elementos deberá cumplir una serie de requisitos. Entre ellos, que la medida tenga carácter excepcional y temporal, limitada únicamente al período en que persista la amenaza o situación de riesgo.

Asimismo, indicó que deberá existir un informe técnico fundado, elaborado por organismos policiales competentes o dispuesto por el Ministerio Público, además de considerar la disponibilidad presupuestaria de cada municipalidad.

El organismo también aclaró que, aunque los concejales no están regidos por el estatuto administrativo de los funcionarios municipales, ello no impide que los municipios adopten medidas destinadas a resguardar su integridad física frente a amenazas derivadas del ejercicio de sus funciones.

En el dictamen, la Contraloría además recordó que las amenazas contra autoridades o funcionarios pueden constituir delitos, por lo que deben ser denunciadas previamente ante el Ministerio Público conforme a la normativa vigente.

Finalmente, el ente contralor señaló que el criterio también considera el fortalecimiento de la institucionalidad municipal en materia de seguridad pública contemplado en la Ley N° 21.802, cuya entrada en vigor está prevista para agosto de 2026.