Como Red Chilena de Antropología de la Salud, expresamos nuestra posición crítica frente a las señales contradictorias en torno a la continuidad de programas de salud y de otras áreas públicas en el contexto de las actuales medidas de ajuste fiscal en el país.
En abril de 2026, el oficio firmado por el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, instruyó “descontinuar” programas públicos, entre ellos varios vinculados a servicios de atención primaria: programas de salud mental y apoyo psicosocial, atención a personas migrantes, salud trans e identidad de género, salud y pueblos indígenas, hospitalización domiciliaria, cuidados paliativos universales, prevención del suicidio, entre otros. Estos programas comparten un rasgo estructural: responden a condiciones de salud cuya distribución desigual en la población está mediada por determinantes sociales —género, etnia, condición migratoria, territorio y clase social— cuya operación diferencial ha sido ampliamente documentada por la evidencia científica internacional (CSDH/OMS, 2008; Marmot, 2010).
Si bien el Ministro Quiroz ha desestimado las críticas al mencionado oficio, señalando que “aquí no se va a tocar ningún beneficio social”, en el sector de Desarrollo Social ya se registran recortes presupuestarios por $32.721 millones. Además, recientemente, la ministra de Salud, May Chomalí, indicó que tras una reevaluación del ajuste presupuestario y considerando el déficit estructural del sector salud, se llegó a una reducción del 2,5%, con el compromiso de no afectar la dotación asistencial durante el 2026, y para el siguiente periodo “buscar eficiencias” en los programas.
Ante este escenario, sostenemos que un ajuste fiscal en salud —área ya afectada de manera crónica por la escasez de recursos— compromete la capacidad de la salud pública de garantizar derechos sociales fundamentales. Nos preocupa especialmente la ambigüedad respecto de cómo se efectuará el ajuste, debido a que ya existen programas e iniciativas en la mira, según el oficio antes señalado. Esta ambigüedad adquiere particular relevancia desde una perspectiva de género y de equidad en salud: los programas identificados atienden precisamente a las poblaciones cuyas condiciones de salud están fuertemente determinadas por posiciones estructurales de desventaja, fenómeno que la literatura especializada conceptualiza en términos de interseccionalidad de los determinantes (Crenshaw, 1989; Bauer, 2014).
En este contexto, hacemos un llamado a que en el análisis de los programas no solo prime un criterio de costo-beneficio de corto plazo o definiciones valóricas de ciertos sectores, sino que se incorpore la evidencia disponible sobre la labor de la salud pública en construir una infraestructura social que vela por el bienestar de la población general, trascendiendo criterios que podrían dejar sin atención problemas con impacto documentado sobre la morbilidad y la mortalidad de las personas.
La evidencia acumulada indica que los programas en salud primaria contribuyen a la prevención y al manejo oportuno de problemas de mayor complejidad, evitando la sobrecarga de niveles especializados (Starfield, Shi & Macinko, 2005). También han demostrado capacidad para reducir inequidades en salud que afectan a poblaciones en situación de mayor desventaja sociosanitaria. En este contexto, “descontinuar” o ajustar estos programas implica, en los hechos, una reasignación implícita de quiénes son sujetos plenos de atención del sistema de salud público —decisión que conlleva consecuencias documentables sobre la distribución de la morbilidad, la mortalidad y la calidad de vida de las comunidades indígenas, las personas migrantes, las personas trans, los adultos mayores en zonas aisladas y los niños, niñas y adolescentes en situación de vulneración (Marmot & Bell, 2012).
Como Red, sostenemos que el Estado tiene el deber de construir las condiciones materiales, institucionales y culturales para la producción social de la salud y el bienestar, en todos los territorios y para todas las personas. La salud de la población no puede ser la variable de ajuste de una política fiscal de austeridad que, de continuar en el camino propuesto por el Ministerio de Hacienda, tenderá a reproducir y profundizar las desigualdades en salud, así como a incrementar el malestar social y deteriorar los indicadores sanitarios, con costos diferidos para el sistema que la evidencia comparada sitúa como mayores a los del gasto preventivo evitado (Cylus, Papanicolas & Smith, 2016; OPS, 2023).
Referencias: CSDH/OMS (2008). Closing the gap in a generation. Ginebra: OMS. — Marmot, M. (2010). Fair Society, Healthy Lives. Londres. — Marmot, M. & Bell, R. (2012). Fair society, healthy lives. Public Health, 126(S1), S4–S10. — Starfield, B., Shi, L. & Macinko, J. (2005). Contribution of primary care to health systems and health. Milbank Quarterly, 83(3), 457–502. — Crenshaw, K. (1989). Demarginalizing the intersection of race and sex. University of Chicago Legal Forum, 139–167. — Bauer, G.R. (2014). Incorporating intersectionality theory into population health research methodology. Social Science & Medicine, 110, 10–17. — Cylus, J., Papanicolas, I. & Smith, P.C. (Eds.) (2016). Health system efficiency. Copenhague: OPS/OMS. — OPS (2023). Health in the Americas. Washington D.C.
