Los diputados de la Comisión de Trabajo, Stephan Schubert y Erich Grohs, ingresaron un oficio de fiscalización al Ministerio del Trabajo y Previsión Social tras conocerse que cerca del 75% de las empresas privadas y organismos públicos no cumple con la cuota mínima de contratación de personas con discapacidad establecida en la Ley de Inclusión Laboral.

La normativa, vigente desde 2018, obliga a las instituciones públicas y empresas con 100 o más trabajadores a reservar al menos el 1% de sus vacantes para personas en situación de discapacidad o asignatarias de una pensión de invalidez.

Frente a este escenario, los parlamentarios solicitaron antecedentes sobre las medidas adoptadas por la cartera y los objetivos anuales proyectados para mejorar el cumplimiento de las cuotas de inclusión laboral entre 2026 y 2029.

Los diputados Stephan Schubert y Erich Grohs.

El diputado Schubert sostuvo que “el desafío actual es transformar estas cifras en oportunidades reales de inclusión. Necesitamos fortalecer el rol orientador del Estado y trabajar en conjunto con el ministerio para facilitar que tanto las empresas como los organismos públicos cuenten con las herramientas necesarias para cumplir con la ley y dar el ejemplo”.

En la misma línea, Grohs afirmó que “exigimos saber qué fallas se han detectado y qué medidas urgentes se van a tomar. La inclusión laboral no puede ser una declaración de buenas intenciones, sino que se requiere gestión, fiscalización y compromisos reales”.

Desde la Fundación Chilena para la Discapacidad también abordaron las cifras de incumplimiento. Su presidente, Matías Poblete, llamó a las empresas a participar del “Sello Inclusión 2026”.

“El diagnóstico es claro y la brecha del 75% es preocupante. Por eso, invitamos activamente a las empresas a participar del Sello Inclusión 2026. Esta iniciativa es una herramienta técnica diseñada para guiar, evaluar y garantizar que las compañías cumplan de manera efectiva y sostenible con la normativa vigente”, señaló.