La presentación del plan de seguridad del Gobierno ante la Cámara de Diputados abrió un debate entre especialistas respecto de la capacidad real de la estrategia para enfrentar el avance del crimen organizado en Chile.

Aunque los expertos valoraron que el Ejecutivo identificara áreas críticas como inteligencia criminal, control territorial, sistema penitenciario y coordinación institucional, también coincidieron en que el desafío principal estará en traducir esos lineamientos en reformas estructurales y mecanismos efectivos de coordinación estatal.

En diálogo con Radio y Diario Universidad de Chile, el director del Centro de Estudios en Seguridad y Crimen Organizado de la Universidad San Sebastián, Luis Toledo, sostuvo que el diagnóstico contenido en el plan apunta correctamente a fenómenos que hoy afectan de forma crítica la seguridad pública.

“Hay un reconocimiento explícito de que el crimen organizado requiere capacidades distintas a las tradicionales, especialmente en inteligencia, control y análisis del crimen, control penitenciario, recuperación territorial y coordinación”, señaló.

Toledo destacó además que exista una aproximación sistémica respecto de fronteras, puertos, cárceles y territorios donde operan organizaciones criminales, aunque advirtió que todavía cuesta visualizar una estrategia suficientemente robusta para la magnitud del problema.

Ministra Trinidad Steinert en Cámara de Diputados. Sebastian Cisternas/Aton Chile

“Contiene algunas herramientas, pero cuesta todavía verlo como una estrategia suficientemente robusta para el nivel de prioridad que el propio Gobierno le atribuye a la seguridad”, afirmó.

En una línea similar, el coordinador de Estudios en Justicia del Centro UC Justicia y Sociedad, Ulda Figueroa, consultado por nuestro medio, planteó que los ejes dados a conocer sí configuran un plan, en cuanto establecen ámbitos de acción y objetivos institucionales, aunque identificó vacíos relevantes en la forma en que fueron presentados.

“Los ejes que fueron presentados constituyen efectivamente un plan en el sentido de que establecen ciertos ámbitos de acción con algunos objetivos, en algunos casos mejor definidos que otros”, explicó.

Sin embargo, Figueroa cuestionó la ausencia de una vinculación explícita entre el plan del Ministerio de Seguridad y la Política Nacional de Seguridad Pública vigente desde el año pasado.

“Uno de los principales debilidades de los ejes que se presentaron es que no hay una referencia explícita a dos indicadores de gestión que están establecidos en esa política: cómo cada uno de estos planes se va a hacer cargo de disminuir la victimización y de disminuir la percepción de inseguridad”, sostuvo.

Ulda Figueroa. Foto: Centro de Estudios Justicia y Sociedad UC

Ambos especialistas coincidieron en que el principal déficit del plan está en la falta de transformaciones estructurales para enfrentar la criminalidad organizada.

Toledo afirmó que el crimen organizado dejó de ser un fenómeno emergente en Chile y que hoy existen estructuras con capacidad de control territorial y uso sistemático de violencia extrema, escenario que —a su juicio— exige reformas mucho más profundas.

“Eso exige reformas mucho más profundas en persecución penal, inteligencia criminal, sistema penitenciario y coordinación operativa”, indicó.

El académico también criticó que varias de las medidas anunciadas correspondan más bien a fortalecimientos administrativos y mejoras de gestión que a cambios estructurales en seguridad y persecución criminal.

Luis Toledo. Jorge Loyola/AtonChile

En esa línea, advirtió la ausencia de una reforma de “segunda generación” al sistema procesal penal adaptada específicamente al crimen organizado.

“Lo que tenemos es un proceso penal que no está rindiendo frente a la nueva criminalidad o a la criminalidad más violenta que tenemos en el país”, afirmó.

Figueroa, por su parte, puso el foco en el rol institucional que debe cumplir el Ministerio de Seguridad Pública y alertó sobre el riesgo de que la nueva cartera asuma funciones ejecutoras por sobre su mandato legal de coordinación.

“Muchas de las medidas o de los ejes que se dieron a conocer hablan más bien de un rol ejecutor. Hay una concepción del ministerio como un organismo que ejecuta acciones más que como un organismo que coordina acciones de los actores en materia de seguridad pública”, señaló.

Según el experto, ese diseño podría provocar duplicidad de funciones y debilitar la coordinación entre policías, Ministerio Público y otros organismos del sistema de seguridad y justicia.

“Justamente el rol del Ministerio de Seguridad Pública debiera estar orientado a coordinar a los demás órganos del sistema de seguridad y justicia”, añadió.

Frontis Ministerio de Seguridad Pública. Jonnathan Oyarzun/Aton Chile

Toledo también cuestionó la falta de una política agresiva de persecución patrimonial y decomiso de activos, aspecto que calificó como central para debilitar financieramente a las organizaciones criminales.

“Las organizaciones criminales sobreviven porque mantienen intacta su capacidad económica. Mientras no exista una afectación patrimonial sistemática y eficaz, la capacidad de generación criminal va a seguir siendo muy alta”, advirtió.

Otra de las falencias que identificó corresponde a la ausencia de una reforma penitenciaria estructural, considerando que actualmente las cárceles operan como espacios de coordinación criminal.

“Sin una inteligencia penitenciaria robusta, sin coordinación y sin segregación, no vamos a saber cómo estas medidas están rindiendo efectivamente”, afirmó.

Figueroa complementó esa mirada señalando que el éxito de los siete ejes dependerá de la forma en que el ministerio concrete su implementación y de cuánto aproveche las capacidades ya instaladas en el Estado.

“Hay dos caminos que todavía no se han explicitado: si esto va a ser una ejecución directa del Ministerio o si va a asumir su mandato legal de ordenar al resto de las instituciones del sistema de seguridad y justicia”, sostuvo.

Finalmente, ambos expertos coincidieron en que el plan carece de medidas inmediatas capaces de generar resultados visibles en el corto plazo frente al aumento de la violencia criminal y la percepción de inseguridad.

Presidente José Antonio Kast. Foto: Aton.

Por su parte, y consultado al respecto durante su viaje por el norte del país, el Presidente Kast optó por blindar el trabajo de la ministra Steinert ante las críticas emergidas desde el Congreso. “El Ministerio de Seguridad está haciendo un trabajo importante, acotado a todo lo que le corresponde”, expresó el mandatario, quien aseguró que “más que hacer el anuncio de un plan determinado, vamos concretando”.

“En campaña hablábamos del escudo fronterizo y se está haciendo. Hablábamos del escudo en ruta y también se está haciendo. Hablábamos de operativos y se están realizando. Hablábamos del control a través del organismo Senda de conductores que usan droga o alcohol, y lo estamos haciendo”, apuntó Kast.

“Por lo tanto, yo me quedo con los logros que, a mi juicio, van a seguir dándose, porque lo que hemos señalado es que la mano ha cambiado y la ciudadanía eso lo empieza a valorar”, concluyó el Presidente.