La Defensoría de la Niñez manifestó su profunda preocupación ante la propuesta legislativa del Ejecutivo que busca perfeccionar el procedimiento de expulsión en el país. El organismo, liderado por el abogado Anuar Quesille, advirtió mediante un comunicado oficial que la indicación que faculta a las autoridades migratorias y contraloras para requerir antecedentes personales de extranjeros a cualquier órgano del Estado —incluyendo instituciones de salud y establecimientos educacionales públicos o privados— conlleva severos riesgos para el ejercicio de los derechos de niños, niñas y adolescentes (NNA).
Si bien la institución reconoció la potestad del Estado para diseñar e implementar una política migratoria y de seguridad, enfatizó que esta debe ejercerse en estricta consonancia con los derechos humanos. La Defensoría aclaró que, aunque la medida de fiscalización no está dirigida directamente hacia los menores de edad, su aplicación práctica generará un impacto colateral crítico en sus entornos directos, propiciando la separación familiar y un temor generalizado a interactuar con el aparato estatal en este 2026.
El riesgo de exclusión social y criminalidad
El análisis del organismo técnico apunta a que la conversión de espacios comunitarios en zonas de control migratorio indirecto terminará aislando a la población infantil regulada o indocumentada. Entre las principales alertas del informe institucional se detallan severas barreras de acceso, ya que hospitales, consultorios, jardines infantiles y escuelas corren el riesgo de ser percibidos como lugares de denuncia fiscalizadora; esto provocaría que los padres dejen de llevar a los menores a sus controles sanitarios obligatorios o los retiren definitivamente del sistema escolar.
Asimismo, se advierte una preocupante vulnerabilidad ante el delito, puesto que la Defensoría explicó de forma explícita que la exclusión de la niñez en el goce y ejercicio de derechos sociales básicos genera un escenario de grave desprotección. Esta falta de amparo estatal y comunitario puede propiciar un contacto temprano de los menores con la comisión de ilícitos, incluyendo el peligro latente de reclutamiento por parte del crimen organizado en este 2026.
Ante este adverso diagnóstico, la Defensoría de la Niñez realizó un llamado urgente tanto al Ejecutivo como al Congreso Nacional para reconsiderar el alcance de la normativa. En paralelo, el organismo ofició formalmente a la Comisión de Gobierno del Senado con el objetivo de exponer detalladamente los estándares jurídicos internacionales aplicables y evitar que la nueva ley de expulsiones vulnere los tratados vigentes de protección a la infancia.
