La reciente propuesta legislativa que busca exigir a funcionarios de consultorios y establecimientos educacionales que informen sobre la presencia de personas en situación migratoria irregular para facilitar su expulsión, ha desatado una intensa controversia. La iniciativa ha generado un profundo rechazo desde diversas organizaciones de la sociedad civil, quienes alertan sobre las graves consecuencias de transformar espacios de atención pública en filtros de control fronterizo.

Para Gabriela Hilliger, directora jurídica del Servicio Jesuita a Migrantes (SJM), la medida no solo representa un choque directo con los tratados internacionales suscritos por Chile, sino que colisiona abiertamente con nuestra legislación. Si esta obligación avanza en el Congreso, advierte la abogada, “vendría todo un camino de revisión para ver cómo interfiere con garantías constitucionales como el acceso al derecho a la salud, el debido proceso y la igualdad ante la ley”.

Más allá de la inminente batalla judicial, desde el SJM advierten que el verdadero peligro radica en el impacto práctico de la normativa. Obligar a los profesionales a romper su deber de confidencialidad y el secreto profesional amenaza con desencadenar una crisis humanitaria y sanitaria al interior del país, empujando a miles de familias vulnerables hacia la clandestinidad por el temor a ser deportadas al intentar acceder a servicios esenciales.

El riesgo en la salud pública y la amenaza de deserción escolar

Más allá del debate jurídico, desde el SJM miran con extrema preocupación los efectos prácticos que una medida de esta naturaleza tendría en el día a día. Hilliger alerta sobre el peligro de obligar a los profesionales a romper el secreto profesional, transformando espacios que deben ser seguros “en lugares de control y de denuncias”.

Gabriela Hilliger, Directora Jurídica SJM.

El principal temor es que la amenaza de deportación aleje a la población migrante de los servicios básicos, empujándola a la clandestinidad. “Si esto se traduce en que las personas van a tener miedo de ir a consultorios o escuelas, puede significar que haya un problema con respecto a la gestión del control de enfermedades, o que los niños no se vacunen y entren en riesgo de salud porque los padres temen ir”, detalla la abogada.

La situación es especialmente delicada en el caso de los menores de edad, considerando que Chile ha ratificado la Convención sobre los Derechos del Niño. En ese sentido, la directora jurídica es categórica: “Lo que está en juego es que niños y niñas empiecen a faltar a la escuela, falten a sus controles de niño sano, poniendo en riesgo su integridad física y psíquica”.

Contradicciones normativas y el llamado a frenar el proyecto

Desde el punto de vista regulatorio, la propuesta colisiona frontalmente con el artículo 9 de la actual Ley de Migración y Extranjería (Ley 21.325), el cual consagra el principio de no criminalización. Hilliger recuerda que la migración irregular es una infracción al derecho administrativo, no un delito que justifique limitar el acceso a derechos fundamentales. Además, cuestiona la real utilidad de la indicación: “Firmemente creo que este tipo de medida lo que va a producir es un efecto inhibitorio (…) La expulsión es muy cara. Tiene que ver más con recursos de inteligencia, dotar a las policías de la posibilidad de ubicar a esas personas y con medidas diplomáticas”.

Frente a la posibilidad de que la norma sea aprobada y baje a través de instructivos institucionales, Hilliger advierte que se activaría una inminente judicialización a través de recursos de protección por conflictos de derechos y problemas de constitucionalidad. Sin embargo, recalca que la prioridad es detener la iniciativa hoy, durante su trámite en el Congreso Nacional.

Crisis migratoria en la frontera de Chile Perú 2025. Foto: Aton Chile.

“La mejor herramienta es pedir que autoridades del Ejecutivo y parlamentarios frenen el avance de esta medida”, afirma la representante del SJM. En este contexto, valora las voces disidentes que ya han surgido dentro del propio Gobierno para frenar este artículo. “Las declaraciones que dio la ministra de Salud con respecto a estas aprensiones sería bueno que se recojan por otras autoridades y parlamentarios. El camino más eficiente sería el retiro de esta propuesta”, concluye.