Un nuevo y complejo flanco judicial agita las aguas del Partido de la Gente (PDG). Luego de que el Tribunal Supremo de la colectividad determinara dejar sin efecto las elecciones internas del pasado 25 de abril —acusando severas fallas de trazabilidad y descuadres documentales—, la lista opositora ciudadana que había resultado vencedora anunció que impugnará la resolución ante la justicia electoral. El bloque afectado, encabezado por el excandidato a gobernador por Tarapacá, Patricio Quisbert, adelantó que acudirá formalmente ante el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel).

Quisbert manifestó su total disconformidad con el dictamen que anuló el proceso donde él había resultado electo como presidente de la tienda, acompañado por Patricio Briones y el diputado Fabián Ossandón en las vicepresidencias nacionales. El dirigente acusó una evidente falta de transparencia por parte del órgano resolutivo interno del partido, señalando que, en paralelo a la reclamación ante el Tricel, el equipo legal que los asesora evalúa la presentación de un recurso de protección ante las cortes de apelaciones para resguardar los derechos políticos de la militancia que concurrió a las urnas en este 2026.

El camino legal: frenar la iniciativa en el Congreso

La ofensiva jurídica de la lista disidente busca transparentar si las observaciones técnicas presentadas durante la jornada de escrutinios fueron debidamente ponderadas o si el fallo respondió a criterios políticos de la actual mesa directiva. El despliegue de la Lista B frente al dictamen se articulará bajo los siguientes ejes institucionales:

El análisis del escenario judicial se encuentra en una etapa clave, ya que el equipo de abogados de la lista ganadora está desglosando los argumentos del dictamen emitido por el Tribunal Supremo partidario. Quisbert adelantó que entre las jornadas de este domingo y el lunes adoptarán una determinación ejecutiva definitiva, asegurando que el reclamo ante el Tricel se presentará de forma irreversible para evitar que la directiva vigente anule el triunfo obtenido en las urnas.

Por contraparte, la anulación dictaminada mantiene congelado el control institucional del PDG bajo el mando de sus actuales autoridades. Mientras se extiende la controversia legal en los tribunales electorales, Rodrigo Vattuone seguirá ejerciendo las funciones de presidente del partido y Franco Parisi continuará desempeñándose como vicepresidente de manera transitoria, extendiendo un interinato administrativo que la lista ganadora busca disolver mediante el dictamen de la justicia pública.