Un contundente respaldo judicial recibieron los procesos de cobranza estatal de la educación superior. La Tesorería General de la República (TGR) informó que, de un total de 1.968 recursos de protección interpuestos en su contra por deudores del Crédito con Aval del Estado (CAE), un total de 1.453 acciones legales —equivalentes al 74%— fueron declaradas inadmisibles por las diversas Cortes de Apelaciones del país. Desde la institución pública señalaron que estos dictámenes confirman la plena solidez jurídica de sus actuaciones en materia de recuperación de fondos públicos vinculados al financiamiento educativo en este 2026.

El desglose geográfico de los fallos revela un criterio mayoritario en los principales tribunales de alzada de la zona central y sur. Entre las cortes que lideraron los rechazos de admisibilidad a las acciones constitucionales de los usuarios destacan la de Santiago, con 569 casos desestimados; seguida por San Miguel, con 197; Concepción, con 146; y la Corte de Apelaciones de Rancagua, que sumó otras 58 resoluciones en la misma línea.

Disparidad de criterios en regiones y el rol de la Suprema

A pesar de la tendencia nacional, el balance institucional de la TGR también dio cuenta de zonas del territorio donde los deudores del crédito estudiantil sí lograron sortear con relativo éxito la primera valla de tramitación en los tribunales locales:

Las principales cortes que optaron por acoger a trámite las acciones legales fueron las de Talca, liderando el indicador con 102 casos admitidos, estrechamente seguida por Valparaíso con 99 ingresos declarados admisibles. En una escala menor, los tribunales de alzada de La Serena y Arica dieron luz verde a 24 y 7 recursos respectivamente, abriendo procesos de revisión de fondo sobre los mecanismos de cobro aplicados.

No obstante, esta apertura regional a la revisión de los casos se ha visto matizada por el criterio de la máxima instancia judicial del país. La Tesorería General de la República enfatizó que la Corte Suprema ya ha declarado inadmisibles más de 250 de estos recursos de protección de forma directa. Con este pronunciamiento de fondo, el máximo tribunal de la República ratifica la postura adoptada inicialmente por los tribunales de Santiago y San Miguel, consolidando una jurisprudencia favorable a las atribuciones de cobranza coactiva de la TGR frente a los saldos pendientes del financiamiento universitario.