La ley, promulgada el 10 de abril, buscaba permitir que pequeños propietarios rurales reclasificaran voluntariamente sus tierras para acceder a créditos bancarios, utilizando sus terrenos como garantía. Esto, para los detractores implicaba que la tierra dejaba de ser inembargable para convertirse en un activo financiero ejecutable. Aunque el gobierno aseguró que no afectaba a territorios indígenas, la medida fue interpretada como una amenaza estructural por amplios sectores.
Comunidades campesinas e indígenas del altiplano y la Amazonía denunciaron que esta iniciativa abría la puerta al endeudamiento, al embargo y a la eventual pérdida de tierras ancestrales. A esto se sumó un detalle que molestó aún más a estos grupos: la falta de consulta previa, un requisito constitucional en Bolivia en materias que afectan directamente a pueblos originarios, lo que terminó por encender el conflicto.
Durante el mes pasado, las protestas comenzaron a crecer tanto en intensidad como en convocatoria. A las organizaciones indígenas se sumaron sindicatos, profesores, trabajadores de la salud y diversos sectores sociales, ampliando las demandas y aumentando la presión sobre un gobierno que no logró contener el descontento.
Las manifestaciones escalaron con la marcha indígena y campesina amazónica convocada por la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB), que partió el 8 de abril desde Cobija y recorrió el país durante casi un mes hasta llegar a La Paz. Esta movilización obligó al gobierno a derogara la Ley 1720 el pasado 13 de mayo. Sin embargo, para ese momento la crisis ya había adquirido una dimensión mucho mayor.
Antes de eso, la Central Obrera Boliviana (COB), el sindicato más grande de Bolivia, ya había declarado paro general indefinido el 1 de mayo, incorporando demandas como un aumento salarial del 20%. A esta movilización se sumaron transportistas, maestros rurales, trabajadores de la salud y mineros, transformando el conflicto en una crisis multisectorial.
A lo anterior, se agregó una segunda gran movilización, la denominada “Marcha por la Vida para salvar Bolivia”, vinculada al entorno del expresidente Evo Morales, que partió el 12 de mayo desde Caracollo demandando la renuncia de Rodrigo Paz. Esta marcha llegó a El Alto el 17 de mayo y se prepara para ingresar hoy a La Paz, mientras los bloqueos de rutas se han extendido por todo el país.
La respuesta del gobierno y la defensa de Morales
El presidente Paz insiste que en Bolivia la democracia está siendo “tomada como rehén” por grupos que no utilizan los bloqueos como una herramienta de protesta, sino como un mecanismo de extorsión al Estado. Según el mandatario, cuando una minoría puede asfixiar a las ciudades para imponer una agenda política, la democracia deja de ser funcional.
El gobierno ha calificado las movilizaciones como parte de un “plan macabro”, denunciando incluso un supuesto financiamiento de las protestas proveniente del narcotráfico. El ejecutivo sostiene que hay mafias vinculadas al Chapare y a los grupos “evistas” que estarían inyectando recursos para sostener los bloqueos con el objetivo de desestabilizar al Estado y recuperar control territorial.
Para el gobierno, el objetivo de fondo que buscan estos grupos es forzar la renuncia del presidente y garantizar impunidad al expresidente Evo Morales en los procesos judiciales que enfrenta. En esa línea, Paz ha afirmado que Morales es quien “mueve los hilos” de las protestas, acusándolo de operar indirectamente a través de dirigentes sociales que encabezan las movilizaciones.
El presidente también ha respondido con dureza a las críticas sobre la crisis energética, asegurando que Morales no tiene autoridad moral para referirse al estado de la industria de hidrocarburos, a la que acusa de haber dejado deteriorada tras años de gestión. Asimismo, ha rechazado las denuncias del exmandatario sobre una supuesta intervención extranjera de la DEA, calificándolas como una estrategia de victimización.
En sus declaraciones más recientes, Rodrigo Paz insiste en que no va a renunciar. Ha defendido el uso de operativos conjuntos entre la Policía y las Fuerzas Armadas para garantizar corredores humanitarios y ha advertido que utilizará todas las herramientas constitucionales para restablecer el orden, lo que ha sido interpretado por la oposición como una posible antesala a medidas de excepción.
Por su parte, Evo Morales ha respondido que las movilizaciones son una expresión legítima del descontento social, impulsadas por la conciencia y la indignación frente a un gobierno que, según él, ha traicionado a sus electores.
No obstante, Morales se encuentra hoy procesado por un presunto caso de trata de personas, acusado de haber tenido una relación con una menor de edad cuando era presidente. Para sus seguidores, se trata de una persecución política.
El escenario actual
El gobierno de Paz enfrenta un descontento que proviene desde distintos frentes. Mientras sectores de derecha consideran que sus reformas han sido insuficientes, sindicatos y grupos afines al MAS rechazan el ajuste económico. A esto se suma una débil base política, con divisiones internas y un quiebre temprano con su vicepresidente.
La crisis actual no puede entenderse sin el contexto económico. Desde su llegada al poder en noviembre de 2025, Paz ha debido enfrentar escasez de dólares, inflación elevada y desabastecimiento de combustibles. Para hacer frente a esta situación, eliminó el subsidio a los combustibles, redujo el gasto público y promovió reformas para atraer inversión extranjera, medidas que han tenido un fuerte impacto en el costo de vida.
El escenario se agravó con el escándalo del combustible adulterado, que afectó a miles de vehículos y derivó en la salida del ministro de Hidrocarburos. A esto se sumaron intentos de ajuste fiscal que generaron rechazo social, incluso obligando al gobierno a retroceder parcialmente en algunas medidas.
Hoy, tras más de dos semanas de bloqueos, Bolivia enfrenta un severo estrangulamiento económico y una creciente crisis humanitaria. Más de una veintena de puntos de bloqueo mantienen aisladas a ciudades como La Paz y El Alto, provocando desabastecimiento, alza de precios y dificultades en el acceso a insumos básicos. Los enfrentamientos han dejado detenidos, heridos y denuncias cruzadas por muertes.
En el plano internacional, la crisis ha generado reacciones divididas. Un grupo de países, entre ellos Chile, Estados Unidos y Argentina ha expresado su respaldo al gobierno de Paz y advertido sobre intentos de desestabilización, mientras otros líderes han interpretado las protestas como una respuesta legítima al ajuste económico, como el colombiano Gustavo Petro.
Por ahora, el foco está puesto en el avance de la “Marcha por la Vida”, que se prepara para ingresar al centro político del país. Su eventual llegada a la Plaza Murillo podría marcar un nuevo punto de inflexión en una crisis que ya superó con creces su origen inicial y que mantiene a Bolivia en vilo, sin una salida clara en el corto plazo.
